El comerciante es Aníbal Alberto Díaz, titular de la despensa “La Familia”, proveedor de comestibles del municipio en 1999. Si bien podía abstenerse por el grado de parentesco –de hecho Díaz lo solicitó-, finalmente fue interrogado por el fiscal Carlos Larrarte. Declaró ante el tribunal que quien le hacía las compras era el secretario de Gobierno, Osvaldo Saporittis. Y no aportó ningún otro nombre.
Inmediatamente, el abogado defensor de Saporittis pidió un careo porque se contradecía con la declaración de una empleada de apellido Godoy, que había señalado que ella se encargaba de hacer las compras para Acción Social. Pero luego el careo fue desestimado. La defensa de Saporittis cree que el testimonio será desestimado por el grado de parentesco.
Posteriormente, concurrió la contadora de Díaz, Lucrecia Janín. La profesional sólo confirmó que le había dicho el año pasado –los hechos sucedieron en 1999- a su cliente que debía retener las facturas por un espacio de 5 años. Lo que sucede es que el propietario desechó los duplicados de las facturas, lo que hubiese servido para determinar si éstas estaban adulteradas. La desaparición de los duplicados es una cuestión extraña, quizás para favorecer a Fuertes, que el tribunal deberá evaluar.
En cambio, el titular de Delgado Vidrios, Manuel Delgado, no concurrió a Tribunales. La secretaría del Tribunal lo mandó a notificar pero no lo pudieron encontrar. Desde el Tribunal se mencionó la posibilidad de traerlo por la fuerza pública pero luego esa idea quedó descartada.
Una vez finalizado la jornada, Lascurain admitió que la estrategia de Fuertes y los demás imputados es inculparlo a Saporittis. “No hacemos valoraciones de eso y entendemos que se están defendiendo con esa estrategia”, señaló. El propio Saporittis confirmó el martes que los encargados de hacer las compras eran el contador, Fabián Velazco, y la tesorera, Graciela Christensen. Y admitió que le iban a echar la culpa de todo a él porque había renunciado.
La defensa apuntará durante la etapa de los alegatos a robustecer esa hipótesis. Lascurain expresó que su defendido no intervenía en el proceso administrativo; tampoco estaba obligado a intervenir por la ley Nº (3001). “Acá quedó aclarado que la empleada administrativa Grigolatto hacía las órdenes de pago, que las decisiones políticas de compra las hacía Benigno Fuertes”. Para que no queden dudas, recalcó que Díaz era proveedor siendo el yerno de Fuertes y que nunca había participado de una licitación. “Es decir, a esta persona la eligió Fuertes, no Saporittis para comprar”, sostuvo.
Sobre la responsabilidad de su defendido, admitió que “había una cuenta conjunta que manejaban Fuertes y Saporittis, y necesitaba la firma de las dos personas. Pero no se trata en el juicio de ninguna irregularidad cometida en el uso de las chequeras”. Y remarcó que el juicio se debe a la presentación ante el Tribunal de Cuentas de facturas adulteradas. “Ha reconocido Saporittis que tenía la firma registrada y que emitía cheques. Pero no ha cometido ninguna infracción ni irregularidad”, expresó.
La etapa testimonial finalizó hoy. El lunes, a las 12 horas, será el turno de los alegatos.
Opiniones sobre el juicio
Una síntesis sobre el juicio la vertió Aníbal Adolfo Maschio, vocal de la Junta de Fomento de Puerto Yerúa entre 1995 y 1999, quien estuvo presente en todas las audiencias del juicio oral. Expresó que las audiencias le han dejado mucho que desear. “Me parece un jardín de infantes porque preguntan; los acusados desmienten o no contestan en realidad y los testigos se contradicen en pequeñas cosas y nadie llama la atención de nada”, dijo.
Durante esa época, denunciaba a través de los medios que “no había un manejo claro de los fondos públicos”. Además, expresó que “se ha tocado un aparte mínima”. El tribunal investiga un faltante de $ 14.000, de los cuales $ 11.500 fueron devueltos por Fuertes. Pero Maschio acotó que había “mucho más para investigar”, y agregó que habría que investigar toda la gestión de Fuertes.
Otro de los testigos del juicio, Sebastián Telayna, vecino de Puerto Yerúa y denunciante de los hechos, expresó que Fuertes cometió falso testimonio al declarar ante el Tribunal que era desocupado. En realidad, es el titular de la Secretaría de la Producción en esa localidad.
