Mientras en paralelo gobernadores y funcionarios del Poder Ejecutivo negocian el Presupuesto, en el Congreso continuaba la disputa por el reparto del 30 por ciento de los impuestos a la exportación de soja, que por un decreto de 2009 de la ex presidenta Cristina Fernández se coparticipaban de manera automática a provincias y municipios. Mediante el DNU 756/18, Macri terminó con esa medida.
Para garantizarse las ocho firmas –que en la práctica le otorgaban un triunfo ya que en caso de empate la rúbrica del titular de la comisión cuenta doble– el oficialismo hizo la típica maniobra de cambio de integrantes. Los diputados oficialistas Luis Petri y Fernando Iglesias fueron reemplazados por Gustavo Menna y Alejandro García, mientras que los senadores Pedro Braillard Poccard y Silvia Giacoppo fueron suplantados por Marta Varela e Inés Brizuela y Doria. Con esos integrantes, sumados a Naidenoff, Ezequiel Fernández Langan, Martín Hernández y Pablo Tonelli se alcanzó el número para tener dictamen de mayoría.
En contra se pronunciaron siete legisladores de distintas fuerzas opositoras, algunas de ellas incluso cercanas al oficialismo como el interbloque Argentina Federal. Se trata de los senadores Daniel Lovera, Anabel Fernández Sagasti, Teresa González, Guillermo Snopek y Cristina Fiore y los diputados Marcos Cleri, Máximo Kirchner. Sólo faltó el peronista Juan José Bahillo, que estaba acompañando al gobernador entrerriano Gustavo Bordet en las negociaciones con el Ejecutivo.
Tonelli fue quien hizo la fundamentación técnica del DNU. Aseguró que dado que CFK estableció el fondo por decreto, Macri estaba facultado para derogarlo. Naidenoff hizo una justificación política. Sostuvo que la decisión se toma “por la coyuntura, por la emergencia”. Al cruce les salió la mendocina Fernández Sagasti: “El Gobierno nacional está imponiendo el ajuste a las provincias y los municipios”, dijo y calificó la decisión como “ilegítima”.
