La teoría del libre mercado nos dice que empresarios y consumidores se encuentran en igualdad de condiciones. Sin embargo, sabemos -y lo confirmamos en nuestra experiencia cotidiana- que esto no es así, ya que el consumidor es víctima de diversos abusos, la parte más débil de las relaciones de consumo.
Frente a un conflicto, esta nueva Ley establece instancias de mediación a las cuales las empresas están obligadas a asistir para escuchar y atender el reclamo de consumidores y usuarios y si no lo hacen, están obligadas a pagar una multa en beneficio del ciudadano que hace la denuncia. Además, prevé una segunda instancia de audiencia pública y lo más importante, la creación de un fuero específico, que le da a estos casos la autonomía judicial por la que se ha luchado durante muchísimos años.
Todos somos clientes, de bancos, de empresas de teléfonos, de financieras, de casas de electrodomésticos y a diario nos enfrentamos con diversas situaciones conflictivas por incumplimiento de las empresas frente a las cuales nos sentimos impotentes, desprotegidos y muchas veces, asumimos esas realidades injustas con resignación. Eso no debe ser así, es una situación que se puede y que debemos corregir, lo manda la constitución.
Esta Ley es un paso histórico en la defensa de los derechos del consumidor. Busca garantizar un mandato constitucional y asegurar relaciones comerciales más respetuosas y más justas.
