Las 33 familias recibieron un oficio de la Justicia donde se solicita una constatación del inmueble y de las familias que están viviendo. “Además manifiestan que se ha puesto un medidor comunitario de algunos servicios como es el agua y además recibieron subsidios de parte del ministerio de salud para la compra de materiales para la construcción de viviendas”, dijo López Bernis. Cada vecino obtuvo $ 2500 para compra de materiales.
Funcionarios municipales han concurrido al lugar para solicitar el desalojo y les prometieron viviendas. “Supongo que serán las 400 viviendas que están destinadas a los inundados que fueron anunciadas en el año 2009 y todavía no ha comenzado su construcción”, señaló López Bernis.
Un vecino, perteneciente a la comisión vecinal, admitió que plantear la cuestión desde el terreno legal es muy difícil. “Acá no hay ninguna boleta para constatar que estamos desde hace años porque nadie pagó nada nunca”, dijo. En verdad, la energía eléctrica llega a los hogares por un cable que se conecta a un tablero donde funciona el medidor comunitario. Los cables de la empresa de TV por cable cruzan el barrio pero el vecino admite que también están “enganchados”. Tampoco hay boletas por el servicio de agua potable. Los habitantes del barrio están legalmente en el aire.
“Nosotros solicitamos al Ejecutivo, si es que tenía conocimiento de que estas familias estaban construyendo en una propiedad privada con fondos oficiales porque son fondos otorgados por la provincia”, dijo la concejal. En tal sentido, en el pedido de informes se requiere saber quien autorizó el medidor de luz comunitario.
Según las manifestaciones de los vecinos, una señora habita en ese barrio desde hace 50 años. “Ellos han ido como consolidando el barrio, despacio, como han podido”, manifestó López Bernis.
Según sostuvo la concejal, si el propietario del terreno está solicitando el desalojo, sería una cuestión entre privados. “Entre el propietario del terreno y la gente que está ocupando pero el Estado, al haber otorgado ciertos beneficios para consolidar el barrio, se va a tener que hacer cargo de trasladarlos a otro lugar y hacer algún acuerdo con la Justicia”, expresó.
El vecino consultado expresó que aparentemente detrás de la empresa que adquirió el terreno está el propietario de un hotel ubicado al frente del barrio, cruzando la avenida Eva Perón. Por ese motivo ven de difícil concreción la posibilidad de comprar los terrenos donde se ubican actualmente.
La posibilidad más factible es el traspaso de un terreno del Ejército (una fracción de lo que se conoce como Donovan Polo Club) para asentarse allí dado que se encuentra a pocos metros. La otra es adquirir dos terrenos linderos al barrio pero es más complicado dado que la tierra es cara y además las casas que se deben construir deben ser más grandes que el prototipo usual del IAPV dado la zona donde se encuentran. “Les dije a los vecinos que si quieren resolver ya la cuestión, nos consiguen un terreno rapidísimo pero ¿adonde vamos a ir?” se preguntó. “Los chicos van todos a las escuela de La Bianca”, manifestó por temor al desarraigo. Y añadió que por ahora prefiere perfil bajo en espera de la obtención de una solución.
Por último, la concejal del Peronismo Federal dijo que en Concordia no ha habido “una política de tierra y vivienda que vaya acompañando el crecimiento de la ciudad”. Además sostuvo que a menudo las familias van creciendo debido a que los hijos “expresan la necesidad de tener su lugar propio”. A eso se suma los asentamientos de familias que “no son de Concordia” debido a que llegan por razones de trabajo, “Se van situando en terrenos que no son propios, algunos van pasando los años y los propietarios no reclaman”.
“Creo que el desafío es hacer una buena política de tierras; la municipalidad y la Provincia deben trabajar en un banco de tierras”, expresó López Bernis. “Hay gente viviendo en lugares que no son propios y no tienen ningún servicio; eso es exclusión social”, dijo por último.
