En la Justicia entrerriana parece haber consenso sobre la necesidad de un nuevo Código Penal nacional, a partir del anteproyecto presentado recientemente, que en las últimas semanas ha sido objeto más de polémicas mediáticas que de un debate serio. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, manifestó que “una sistematización de lo que hoy es un conjunto de leyes penales es imprescindible”. Por su parte, el vocal del STJ Carlos Chiara Díaz afirmó que el anteproyecto es constitucional y “debe ser tratado en el Congreso”, al tiempo que criticó a “quienes, carentes de escrúpulos, se dedicaron a criticar sin leerlo”.
Mizawak asumió recientemente en la presidencia del máximo tribunal de la provincia, en un contexto donde el país empieza a discutir la posibilidad de un nuevo Código Penal, y a pocas semanas de que el Código Procesal Penal de la provincia comience a entrar en vigencia en Paraná, última jurisdicción en hacerlo.
La presidenta del STJ también se refirió a la posibilidad de que la Justicia provincial ataque la venta de droga al menudeo, y a la idea de implementar las tobilleras electrónicas para acusados de delitos graves.
—¿Considera necesario un nuevo Código Penal nacional?
—Una sistematización de lo que hoy son un conjunto de leyes penales, es imprescindible. Nos está faltando un Código Penal que tenga un tratamiento sistémico para los distintos bienes jurídicos protegidos por cada norma, y armonizar esos bienes jurídicos en cuanto a su valor con las penas. Pero lamentablemente, esto de darle un cariz tan partidario estropea la posibilidad de una discusión seria.
—¿Cómo debe darse esa discusión?
—La Argentina tiene sus tiempos, y a veces las coyunturas electorales estropean la oportunidad de construir consensos. Todo código y sobre todo el Código Penal es una política de Estado y significa consensos, sino la norma no tiene validez, no está legitimada en la sociedad, por más que sea una ley. Es muy importante construir consenso político de todos los responsables de los distintos poderes, representados con sus diferentes expresiones, queriendo dar una discusión.
—Algunos de los puntos del anteproyecto que más polémica han generado fueron la eliminación de la prisión perpetua y la eliminación de la reincidencia como agravante. ¿Qué considera al respecto?
—Se habla de la prisión perpetua, que en nuestra provincia no se aplica ni se aplicó desde la adhesión a los tratados internacionales, en la época de Alfonsín. En Entre Ríos se impone la prisión perpetua porque está prevista en una norma, pero no es lo que la gente imagina, que es de por vida, que no sale más. Eso no existe, la prisión siempre tiene que tener un límite temporal para que no sea similar a una muerte. En una época se había fijado en 25 años, y después cuando se aumentaron los montos de las penas por la ley Blumberg, fueron 35 años.
Creo que la reincidencia es un tema muy opinable. Hay autores que piensan que es inconstitucional, que se hace un doble juzgamiento, yo no lo considero así, otros consideran que es constitucional y que puede haber conveniencia de aplicarla en determinado momento: al aplicarle la pena, hacer una valoración sobre el desapego que la persona ha demostrado sobre la norma, que no lo constriñe como al resto de la sociedad. En nuestra provincia no se ha considerado inconstitucional.
La aplicación de la reincidencia conlleva la pérdida de determinados beneficios de la progresividad de la pena. Entonces decimos que no está mal aplicarla como agravante, pero cuando ese condenado esté en oportunidad de gozar de uno de los beneficios que le correspondería y se ve impedido solo porque se le ha aplicado la reincidencia, lo puede plantear y remover el obstáculo.
—Un nuevo Código Penal así como nuevas leyes penales, ¿tendrían incidencia en la inseguridad? ¿Le cambiarían algo a la persona que va a sufrir el robo de una moto?
—No. No va a significar una disminución de la cantidad de delitos, ni una mejor percepción de la sociedad de lo que se denomina una sensación de seguridad o inseguridad. Hay países, como Estados Unidos, que tienen pena de muerte y tienen las cárceles abarrotadas de delitos aberrantes. No es matemático ni directamente proporcional. Pero sí es un mensaje a la sociedad en cuanto a premios y castigos, lo que la sociedad también nos está reclamando. Se advierte que no hay una decisión clara entre los mensajes sobre las conductas reprochables que merecen castigo, y las conductas que aportan y construyen una sociedad y merecen premios.
—En la Exposición de motivos del anteproyecto del nuevo Código Penal, se habla de la necesidad de la prevención primaria (inclusión social) y prevención secundaria (fuerzas de seguridad) ¿Cómo ve la situación en la provincia?
—En los dos órdenes hay que trabajar muy seriamente. Acá no tenemos problemas de una policía severamente cuestionada y sospechada, como decir la “maldita policía”, donde sistemáticamente tiene procederes contrarios a la ley, que se bajan desde importantes niveles de conducción y tenga vinculación seria con las bandas delictivas. Pero sí hay que trabajar mucho inclusión social, mejoramiento de valores, desde la casa, al familia, la escuela, desde muy pequeños.
Control de acusados con tobilleras
Claudia Mizawak ya había adelantado hace un par de semanas la idea de implementar las tobilleras electrónicas para los imputados de delitos que estando excarcelados atenten contra víctimas o testigos, y para casos de violencia familiar y de género.
“En algunos casos la función de la prisión preventiva cumple la misión de ayudar a que los testigos crean y consideren que la Justicia los está validando. Porque a veces la víctima falleció, presenció el hecho la concubina que tiene que seguir viviendo en el barrio, el imputado pasa en moto, se le ríe, le hace señas, la amenaza, viene la esposa de la víctima y lo cuenta, y todavía falta un año para el juicio, y además es la palabra de ella y la del acusado. Por eso, en esos casos la tobillera electrónica con la video vigilancia sería una herramienta muy útil, porque entre las reglas de conducta para la excarcelación está no acercarse ni a los testigos ni a la familia de la víctima a 200 o 300 metros, pero todos la violan porque no hay forma de controlarlo. El sistema de video vigilancia me avisa en forma inmediata el incumplimiento y revoco la excarcelación”, afirmó la presidenta del STJ.
La empresa que presentó la oferta cobra el servicio entre 130 y 150 pesos por día por tobillera.
“Las fronteras son un colador”
El año pasado, el Senado propuso a la Justicia que Entre Ríos adhiera a la Ley nacional de Estupefacientes para atacar la venta de droga al menudeo, que hoy es jurisdicción exclusiva de la Justicia Federal. Al respecto, Mizawak opinó: “La solución no es lisa y llanamente desfederalizar. Si a nosotros mañana nos pasaran toda la competencia de venta al menudeo, terminaríamos abarrotados y sin posibilidad de dar una respuesta cierta y efectiva. Esto amerita otro análisis: la Policía de la provincia está mas cerca del vecino que la Federal, que creo que está bastante raleada en cuanto a la cantidad de efectivos. También pienso que para llegar al menudeo tenemos que dar un buen tratamiento al tráfico grande y al ingreso de la frontera. Si no nos cierran el paso del norte entrerriano y el paso fronterizo a otro país, con una Gendarmería que no deje pasar nada, sí vamos a poder atender al menudeo, pero si esto es un colador que entra todo vamos a estar saturados”.
“Lo que el procurador (Jorge García) sugirió es que la Justicia Federal actúe con colaboración de la provincial para el primer momento, que es el allanamiento y el secuestro. Sobre eso se puede profundizar y trabajar. Pero tendrían que poner recursos para la investigación previa”.
Nuevo CPP y causas por corrupción
—En una reunión de vecinos con policías por los robos, estos decían que con el nuevo Código Procesal Penal de la provincia que se aplicará en Paraná, a los ladrones van a tener que tratarlos “con guantes de seda”. ¿Esto será así?
—Claramente no es así. Hay que comunicar bien a la sociedad, con este sistema van a quedar descubiertas las posiciones y la gente nos va a poder controlar a los jueces. Este tipo de delitos (como robos callejeros), que no tienen mayor prueba, en 60 días vamos a poder cerrar la causa y tener una sentencia. En el viejo código uno se podía esconder detrás del papel, acá todo será oral y público, en una audiencia pública, uno quedará evidenciado frente la sociedad.
—¿Las causas por corrupción, que demoran muchos años, tendrán la misma celeridad?
—La particularidad de estos delitos es que conllevan pruebas que no son de fácil realización: pericias financieras o contables, participan organismos auditores, tienen que contestar oficios, a veces la demoras, que puede originarse dentro del Poder Judicial, se originan también en organismos que nos tienen que dar informes. Es una prueba que no es la habitual. Pero acá en Paraná nos conocemos todos, sabemos quién es fulano y cómo vive, si cambió ostensiblemente su modo de vida, nos enteramos. No hay de parte del Poder Judicial algún ámbito con una connivencia para encubrir ciertos delitos. Pero además no son tantas las causas, por lo menos lo que vemos en Casación. Puede haber hasta diría yo pequeñas irregularidades que lleven a un modo poco transparente de gestionar, seguramente es así, y me refiero a una práctica instalada, a nadie nos gusta que nos controlen, tiene que ver con la naturaleza humana.
Chiara Díaz defendió el anteproyecto
El presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, publicó un escrito titulado El Proyecto de Código Penal está en sintonía con la Constitución Nacional y debe ser tratado en el Congreso. En el mismo planteó la necesidad de un nuevo Código, ya que el actual entró en vigencia en 1921 y sufrió unas 800 modificaciones, que le “fueron quitando coherencia y sistematicidad”. Algunas de ellas sirvieron “para disimular las falta de ideas en materia de seguridad ciudadana y prevención de delitos”.
El vocal destacó las reformas que plantea la propuesta de nuevo Código, como eliminar la condena de ejecución condicional, porque “las penas están para cumplirse”. Los “cambios en el monto de la pena, resultado de la creación de 85 tipos penales nuevos, aunque debe quedar en claro que suben el 58% contra el 42% que bajan, para adecuarlo a la nueva escala de 30 años como máximo”. Sostiene que “los jueces y tribunales (tendrían) la posibilidad de eximir de pena cuando ha sido insignificante la afectación del bien jurídico protegido o se den circunstancias como la pena natural”. Y se “elimina la reincidencia porque nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho”.
Por ello, Chiara Díaz propuso defender esta oportunidad de los oportunistas políticos.
