“No son buenas noticias”, coincidieron los expertos ante la posibilidad concreta del acuerdo, porque “dificultará la solución de las crisis de la deuda de una manera justa, oportuna y eficiente, alentando y recompensando el comportamiento de aquellos que se niegan a participar en los esfuerzos de reestructuración”. Ambos advirtieron, además, que “el mensaje” que enviaría Argentina al mercado financiero “sería que conviene negarse a participar en los procesos de reestructuración”, lo opuesto a lo que el país impulsó hace tan sólo seis meses ante la propia asamblea de la ONU, con el anterior gobierno.
En septiembre del año pasado, por iniciativa argentina, la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría los nueve puntos para la reestructuración de la deuda soberana. Con 136 votos a favor y sólo 6 en contra (EE.UU., Israel, Canadá, Alemania, Reino Unido y Japón), los principios creaban el marco de acción entre los estados deudores y los acreedores, con derechos y obligaciones a los que cada parte debe abstenerse. Entre otras cosas, la resolución establece que si una reestructuración como las impulsadas por el país en 2005 y 2010 es aprobada por “una mayoría calificada”, el resto de los bonistas “no representativos” (en este caso, los buitres) deben subordinarse a lo acordado por la mayoría.
Los expertos marcaron el peligro que engendra esa contradicción. “Aunque Argentina promovió los principios de reestructuración soberana, ahora está a punto de pagarles a los fondos buitres mucho más de lo que el Estado argentino pagó a los acreedores que cooperaron en reestructuraciones de deuda pasadas”, señalaron. Y adjudicaron el cambio de rumbo a la operación “de las fuerzas del mercado”. “Ahora es aún más urgente que la comunidad internacional encuentre mejores soluciones a este problema”, dijeron.
Bohoslavsky y De Zaya recordaron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestó en 2014, en plena ofensiva buitre contra el país, su preocupación “por el hecho de que el pago a los fondos buitres podría socavar la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales”.
Ante el nuevo escenario, llamaron la atención sobre el costo del arreglo, que implica tomar nueva deuda, tal como lo planteó el ministro Prat Gay. El regreso al endeudamiento externo “exacerbaría la desigualdad económica y crearía las condiciones para una futura inestabilidad financiera”, agregaron. En ese sentido, llamaron a los miembros del Congreso a “considerar cuidadosamente las consecuencias del acuerdo” y a actuar “con prudencia” sobre el monto de endeudamiento que acarrearía el acuerdo si es aprobado en ambas Cámaras. “Antes de decidir sobre esta amplia gama de cuestiones, sería apropiado realizar una evaluación del impacto sobre los derechos humanos”, sugirieron.
