La denuncia había sido formulada en diciembre del año pasado por José Lucas Magioncalda, en su carácter de apoderado de la asociación civil "Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional" ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En la presentación, el denunciante acusó a la mandataria de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos por la utilización de la cadena nacional en situaciones que no obedecían a "situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional", tal como establece la ley.
En su fallo, que tiene fecha del 15 de mayo, el juez Ramos desestima las actuaciones "por no constituir delito" y establece que el análisis de los contenidos de la cadena nacional "excede el ámbito de competencia de los tribunales" y que no es su misión "efectuar un juicio de valor respecto de la importancia que revestiría transmitir a través de esta vía un acto de gobierno determinado".
Concretamente, la denuncia hacía referencia a una cadena del 15 de diciembre del año pasado, sobre la implementación del programa nacional "Argentina sonríe", que "busca llevar la atención de la salud bucodental a los lugares más apartados de la geografía argentina, asegurando el acceso universal al derecho a la salud, especialmente de los sectores más vulnerables", según informa el ministerio de Salud en su página web.
Esta semana, distintos sectores de la oposición volvieron a cuestionar el supuesto uso "abusivo e indebido" de la cadena y presentaron una denuncia penal y amparo contra la Presidenta, a quien acusaron de usarla para "propaganda política".
La titular de la Fundación LED, Silvana Giudici, y el director por la oposición en la AFSCA, Gerardo Milman, denunciaron a la Presidenta, en tanto que el massista Adrián Pérez, presentó un amparo y una medida cautelar.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió hoy el uso de la cadena nacional y calificó de "poco seria" la denuncia penal presentada por la oposición.
