“Toda huelga conlleva un daño para el empleador, ya sea el resentimiento de la faz productiva o de servicios en la parte privada, o el resentimiento de servicios públicos. Ese daño deberá ser soportado por el empleador, toda vez que la huelga, se encuentra amparada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, señala el juez Morande.
“Ahora bien –añade-, es en esos daños permitidos o justificados por la huelga, en donde deberemos encontrar la equidad de las fuerzas contrapuestas (trabajador/empleador). Si ordenáramos al empleador pagar los días no trabajados por huelga, lo estaríamos obligando a financiar el daño que soporta, lo que resultaría inequitativo (un error gramatical del escriba judicial, por falto de equidad) y absurdo, y por ello injusto”.
El pronunciamiento está contenido en una resolución dispuesta, en el marco de la causa “Binda Truffe, Paola Victoria c/Iafas y Otro – Acción de Amparo”.
Al rechazar el planteo de la empleada, Morande sostuvo: “La huelga tiene como principal efecto, que queda suspendido el contrato de trabajo o la relación de empleo público. Ello trae aparejada como consecuencia más saliente, que el trabajador queda eximido de su principal obligación de concurrir a prestar su fuerza de trabajo o dicho más simple, desaparece -mientras dure la huelga- su obligación de ir a trabajar, y como contrapartida, para el empleador desaparece la obligación de pagar la remuneración de un empleado que no va a trabajar. El empleador no podrá exigir que el trabajador trabaje (salvo que se trate de servicios esenciales), y el trabajador no podrá exigir que su empleador le pague los días en que participó de la huelga”.
Así, entendió que los descuentos salariales aplicados “no amenazan, ni restringen, ni alteran, ni lesionan de manera manifiestamente ilegítima un derecho o garantía reconocido por la Constitución Nacional o Provincial”.
Las protestas en enero último, que casi paralizaron por completo las salas de juego y los casinos de Entre Ríos, se originaron luego de que el Gobierno dictara dos decretos.
Los decretos N° 3.733 y N° 3.921 declararon de interés provincial sendos proyectos que dejaron abierta la posibilidad de que la explotación de juegos o de casinos pueda ser hecha por privados. En concreto, los casos testigo son Concepción del Uruguay y Victoria. Aunque el segundo está más avanzado que el primero.
Pero la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) entendió que así se estaba violentando el espíritu de la Ley N° 5.144, de creación del Iafas. El gremio dijo se iba a un camino de privatización del juego. Aunque una acción de amparo en procura de frenar esos proyectos sólo obtuvo sucesivos fallos en contra, en primera y segunda instancia.
Sobre finales de diciembre d 2010, el sindicato motorizó protestas en todas las salas de juego, que se agudizaron durante enero. Una evaluación oficial hecha por el Iafas determinó que las medidas de fuerza provocaron un fuerte saldo negativo: durante el primer mes del año se registró un déficit de alrededor de $ 9.203.878 en comparación con el movimiento que hubo en diciembre.
Al rechazar las quejas del gremio, la Fiscalía de Estado se presentó en la Justicia, y sostuvo que el dictado de los decretos que declararon de “interés turístico” las propuestas privadas “no sólo no son actos expresamente prohibidos por ley, sino que muy por el contrario son actos expresamente contemplados por el ordenamiento jurídico”.
Los dos decretos del Gobierno que despertaron la ira sindical por la incursión de los privados en el manejo del juego en Entre Ríos, datan del mes de octubre de 2010.
El decreto Nº 3.921 declaró de interés turístico un proyecto presentado por la empresa Casino Victoria SA, que apunta al “equipamiento, operación y explotación de un casino con máquinas tragamonedas en la ciudad de Victoria, explotación de salas de convenciones y/o espectáculos existentes y a crearse y playas de estacionamiento, la prestación de servicios complementarios de gastronomía y guardarropa, servicio de vigilancia, la explotación de áreas rentables a crearse, la reparación de inmuebles e instalaciones”.
Después de que el Iafas consiguiera que la Justicia rechazara las acciones presentadas por ATE contra esa iniciativa, la propuesta empezó a avanzar: el Gobierno no sólo firmó el acuerdo respectivo sino que también anunció que en “15 días” comenzará la primera explotación conjunta entre el Estado y los privados del juego de paño, esto es de un casino.
Hasta ahora, el manejo compartido se ha dado en las salas con máquinas tragamonedas.
Otro decreto, el Nº 3.373, declaró de interés turístico otra iniciativa, en este caso a concretarse en Concepción del Uruguay, impulsado por la empresa Antonio Caballi SA, aunque recién en su fase inicial.
Allí, se trata de la construcción de una nueva terminal de ómnibus, con la puesta en funcionamiento de un apart-hotel de cuatro estrellas y la explotación del Mercado Municipal 3 de Febrero como centro comercial y de entretenimiento, con la incorporación de una sala de máquinas tragamonedas.
José Spinelli, titular del Iafas, admitió a EL DIARIO que ambos proyectos ya cuentan con los convenios firmados, aunque el más avanzado, aclaró, es el de Victoria.
“En Victoria, en diez a quince días más ya empieza a funcionar la operación conjunta entre el Estado y la empresa privada. Pero esto no cambia nada, es lo mismo que existe en las salas tragamonedas. Lo que hará el privado es un asesoramiento comercial”, explicó. Si bien no hay en lo inmediato la posibilidad de que aparezcan otras iniciativas de esa envergadura, Spinelli aseguró que la explotación conjunta permitirá “revertir” la tendencia que afecta a la mayoría de los casinos, que soportan pérdidas económicas.
“La mayoría de los casinos, salvo el de Chajarí, dan pérdida. Lo que se recauda no alcanza para cubrir los gastos que genera el funcionamiento de esos casinos”, puntualizó.
