El pasado 28 de septiembre, por orden del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, personal de Gendarmería realizó seis allanamientos en la ciudad de Concordia, cinco de ellos en la zona céntrica y el restante en las afueras de la ciudad por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.
Además de una armería en calle Tavella, una casa de celulares, un estudio jurídico y otros dos domicilios, gendarmería allanó un hangar y una pista de aterrizaje, sobre la ruta provincial 22, en la zona de General Campos. Allí, se procedió al secuestro de una avioneta bimotor con matrícula uruguaya marca Beechcraft Baron CX-IBR, además de 53.200 dólares estadounidenses, 106.700 Pesos argentinos, documentación de interés (anotaciones varias, facturas, seguros de aeronaves, libros y hojas de vuelo, etc). También se incautaron dos teléfonos satelitales, teléfonos celulares, GPS aeronáutico y deportivos y tarjetas de memoria, handies, notebooks y tablets, armas de fuego y municiones.
Días más tarde, se halló una segunda avioneta relacionada a la causa, en la localidad bonaerense de San Pedro: una Cessna Aircraft monomotor, matrícula argentina, de color blanco y rojo.
Pero según confiaron a DIARIOJUNIO, habría una tercera avioneta marca Cessna 210 Centurión que era piloteada en los últimos tiempos por el instructor concordiense Francisco Emanuel Fogel quien estaría desaparecido del “radar” de sus contactos (Nadie sabe su paradero y el teléfono personal estaría apagado) junto con la nave que gendarmería intentó hallar en el aeroclub con resultado negativo, dado que la misma había sido retirada hace -por lo menos- 8 meses del lugar por el mencionado piloto y por quien sería el titular de la aeronave y quien pagaba el alquiler del hangar: un ciudadano de 49 años, de apellido Marcogiuseppe.
Esta tercera aeronave, hasta el momento en que se la vio, era de color blanco y azul, con pantente uruguaya y habría estado -con anterioridad- tres meses retenida en el aeropuerto de Concordia por problemas de documentación.
Al respecto, la Fiscal Federal del Juzgado de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, que interviene en la causa, había manifestado días atrás que, si bien en Uruguay ya había detenidos, “aún se estaba trabajando en las responsabilidades de los argentinos”.
La investigación se inició cuando autoridades uruguayas detuvieron a 17 personas en departamento de Canelones vinculados a la descarga por aire de 409 kilos de pasta base valuados en 7 millones de dólares.
El caso, reportado por la DEA estadounidense, determinó que las operaciones narco tenían lazos con la Argentina. En tanto, los investigadores uruguayos estimaron que la avioneta detectada, por tiempo de vuelo y distancia, solo podría haber salido del país y específicamente desde el departamento de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se informó, oportunamente, que dicha investigación logró determinar que “la operación era una triangulación de tráfico ilegal de drogas, mediante vuelos irregulares que transportaban estupefacientes desde su origen en Paraguay, hasta su destino en Uruguay, utilizando al territorio argentino (Concordia) solo como base de abastecimiento logístico aéreo”.
En el domicilio de General Campos, estaba radicada una SRL dedicada, en teoría, a la fumigación aérea. La misma tenia, tal lo informó este medio, además de un hangar pintado de amarillo y verde, una pista blanda de aterrizaje de 700 metros que había sido acondicionada para despegues y aterrizajes nocturnos.
