Julio Roh, secretario general de la UTGHRA Concordia, explicó que el hotel está cerrado desde que comenzó la pandemia y acotó que los 14 trabajadores están suspendidos por la ley 23 bis de contratos de trabajo. “Están en sus respectivos domicilios cobrando el 75 % de sus salarios”, indicó. Respecto del cierre, dijo que era una decisión de quienes lo están gerenciando. “Sé que se le hacen tareas de mantenimiento y de limpieza y nada más”, señaló.
Roh remarcó que el gremio trabaja para reclamar los insumos de higiene y o trasladarse en condiciones de seguridad a los trabajadores. Pero, luego el estado del edificio o los problemas que puede tener el establecimiento, ya no competen al gremio. “La situación de hoy no sé si da para hacer grandes inversiones en reforma y mantenimiento. Pero esta situación está un poco fuera del alcance del sindicato”, señalo.
Por su parte, Lapiduz dijo que el hotel en 2002 y 2003 el Ayuí generaba muchos comentarios positivos. Pero desde hace mucho tiempo que ingresó en un proceso de decadencia importante. “Tenemos quejas de que los servicios vienen en declive”, dijo. Entre otras cuestiones, se quejaban porque no funcionaba el aire acondicionado. “Son cosas que no pueden suceder: al turista que le pasa esto no solamente que habla mal del hotel sino que habla mal de Concordia”, indicó. Además, señaló que es un hotel que necesita mucho mantenimiento y rápidamente se viene abajo si no se lo atiende día a día.
Más adelante, sostuvo que “ha sido un tema tabú para toda la dirigencia”. “Cuando me tocó asumir en la entidad, lo primero que hice fue gestionar con Enrique Cresto la posibilidad de entender que sucedía con el Hotel. Pero es un tema que se mantiene bastante abovedado. Realmente no entendemos de quienes son las responsabilidades ni en este momento particular como es el tema de la concesión que en otro momento fue muy estricta. Hoy no tenemos acceso y es una pena», indicó.
«Es un hotel emplazado en un lugar privilegiado”, recalcó Lapiduz. El establecimiento podría gozar de una gran clientela entendiendo que la pandemia obliga a los visitantes a buscar espacios abiertos y verdes. “Pero no contamos con el Ayuí. Tendría que tener una dirección con alguien que tenga ganas de que funcione”, indicó. De hecho, por su ubicación, lo comparó con el Hotel ‘Arenas’ de Federación, “un hotel de primer nivel en cualquier parte del país”.
¿De quién depende el Hotel Ayuí? En octubre de 2016 el ex titular de la Codesal, José Ostrovsky señalaba que la Codesal abarca todo el Perilago excepto lugares que fueron concesionados con anterioridad por la CTM como el Yacht Club, la cancha de rugby del Club Salto Grande, Puerto Luis, el camping de Siatrasag y el Hotel mencionado. “Esta es una concesión antigua con CTM. El que tiene que dar respuesta a esto es CTM. Yo no tengo ningún tipo de injerencia”, decía. DIARIOJUNIO intentó comunicarse con el presidente de CTM, Luis Benedetto, pero no hubo respuesta.
No obstante, en 2016, el ex diputado Alberto Rotman pidió que el hotel pasara de la Codesal a manos de CTM. “Vimos que se venía deteriorando y eso fue lo que me llevó a mí a presentar un proyecto de resolución para que el gobierno provincial termine con los compromisos que tenía con la gente que estaba manejando el Hotel Ayuí y se lo pase a la CTM para que lo ponga en valor y lo relicite. Que llame a una licitación nacional e internacional para explotar ese hotel para el turismo”, indicó. Pero la iniciativa del entonces legislador, presentada en 2016, fue cajoneada. “No fue aprobado. Pasó a comisión y se ve que la protegieron a la gente que estaba manejando el hotel”, señaló.
Rotman recordó que cuando se construyó la represa, se edificaron dos hoteles. El Horacio Quiroga en Salto y el Ayuí en Concordia. “Eran muy semejantes. Dos hoteles realmente importantes, en lugares paradisíacos”, señaló. «Esta en un lugar exacto que aconsejamos en épocas de pandemia: no estar encerrados, estar al aire libre, evitar la conglomeraciones».
Rotman recordó que primero lo gestionaba la CTM. “Lo utilizaba para sus empleados jerárquicos”, señaló. Después lo cedió y fue pasando por diferentes concesionarios. Solo se reservaba un número de habitaciones para sus empleados jerárquicos. Más adelante en el tiempo, se conformó la Codesal y, sostuvo, el Perilago en su totalidad quedó en manos de ese organismo. “Realmente fue vergonzoso como veíamos el deterioro de un hotel tan lindo a la vista”, recordó.
El ex diputado sostuvo que una de las actividades que se deben impulsar en la ciudad para cambiar la situación de “postración” que padece y dejar atrás las altas cifras de pobreza que padece desde hace varios años es el turismo. “Si Salto Grande se hizo para el desarrollo regional y el turismo hace al desarrollo regional. Los que peleamos desde el año 92 al 94 para que no privaticen la represa no podemos dejar alegremente y pasivamente que las cosas que defendimos de Salto Grande se deterioren”, señaló.
Rotman explicó que como todas las cosas que se van deteriorando, puede llegar a un punto en que deja de ser viable cualquier tipo de inversión que apunte a recuperarla. Por ello, reiteró el pedido a la CTM para que se haga cargo del hotel. “Salto Grande está en condiciones de poner en valor ese hotel y licitarlo”, señaló.
No obstante, admitió que este no es el mejor momento dado la segunda ola que se vive en el país. Y justamente el rubro turístico es uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la misma. Pero recalcó que como todas las “desgracias biológicas” que ha pasado la humanidad en algún momento se va a terminar merced al avance de la ciencia. “Tenemos que ir viendo la pospandemia”, remarcó el ex diputado.
Rotman recordó que tenía un amigo médico que hacia cirugía vascular que vivía en Buenos Aires. “Cuando tenía un fin de semana largo, se venía a pasar al Hotel Ayuí. Él decía que era un lugar que a él lo recreaba totalmente”, remarcó. Además, recordó que tenía pacientes que acudían a su consultorio que eran empleados del hotel. «Me contaban lo que era el deterioro y el abandono. Me contaba que el día anterior había venido gente de Buenos Aires y, como habían venido de noche, no tenían papel higiénico para llevarle a la habitación. La chica me decía, ‘mire doctor me da vergüenza no poder solucionar cosas tan básicas'».
Causa judicial
El fiscal José Arias explicó que la causa Codesal- Hotel Ayuí, por peculado de bienes, peculado de servicios e incumplimiento de los deberes de funcionario público, finalmente se elevó a juicio. “Ahora ya está integrado el Tribunal y se está esperando la fecha para el debate”, indicó. “No hay ningún otro obstáculo, solo falta la fecha”, expresó. Hay cinco personas imputadas en la causa: Luis Mazurier, ex titular de la Codesal y propietario del Diario El Sol, Cintia Mengeón, Alberto Jesús Villanueva, María Florencia Lauría y Teresita Bordón.
Pero aún falta para que se resuelva la fecha. Arias explico que por la pandemia se produjeron retrasos en el funcionamiento de la Justicia. “Hubo un agravamiento en la situación de atraso en la realización de los juicios”, indicó. El fiscal explicó que recién se están llevando a cabo los juicios elevados en 2018. Y la causa fue elevada a mediados de 2020.
Por otra parte, el problema radica en que se necesita trasladar a testigos y peritos, quienes deben compartir una sala con el tribunal y los abogados, etc. En este caso en particular, esto se ve agravado porque hay una lista de 70 testigos que deberán declarar aproximadamente. “Es un punto a considerar con la situación de la pandemia y los protocolos que hay que seguir”, recalcó.
Arias explicó que los juicios que se hicieron hasta el momento, durante la pandemia, fueron de cinco o seis testigos. “Cada hora y media pasaba un testigo, después se iba reanudando la audiencia. Pero 70 testigos de esa forma, te lleva dos meses el juicio”, dijo. “Esa un poco complicado, pero esa es una cuestión en definitiva de organización de la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) que es la que tiene que organizar el debate”, admitió.
Desde el momento de la denuncia, que la inicio el entonces fiscal Aníbal Lafourcade, hasta el pedido de elevación a juicio pasaron 10 años. Arias explicó que se libraban requerimientos de información a la CTM, que es un organismo binacional, pero eso requería un exhorto por medio de Cancillería. “Cada pedido demoraba dos años en trámites. Esos primeros requerimientos demoraron muchísimo tiempo”, dijo. Por ello, sin información, no podían avanzar.
En la audiencia de la remisión de la causa a juicio, la defensa planteó una serie de cuestiones. Entre ellas, el pase a la Justicia Federal, pero fue rechazada. Arias explicó que lo que depende de la Nación es CTM. “CTM es un órgano binacional pero la Codesal es un órgano provincial y rinde cuentas a la contaduría provincial y el funcionario a cargo, en este caso Mazurier, es designado por el gobernador”, indicó.
“A Mazurier los hechos que se le imputan son, en su carácter de presidente de la Codesal, que sustrajo dinero que era público, que recaudaba la propia Codesal, para provecho propio”, indicó. El fiscal sostuvo que no se puede determinar el dinero recaudado –de la venta de entradas o del canon de las cantinas de Punta Viracho, Las Palmeras, etc.- por la falta de registro. “Cuando se hace una pericia contable, se puede revisar lo que está registrado, pero si no está registrado no hay constancia alguna”, dijo Arias. Por ello, esperan los testimonios de los empleados para saber cómo rendían cuentas en el Diario ‘El Sol’ a Mazurier de ese dinero.
Según publicó el 30 de octubre pasado El Entre Rios.com, a manera de estrategia defensiva, Mazurier, patrocinado por su abogado Osvaldo Sarli, intenta probar que los dineros bajo investigación no fueron a parar a su bolsillo sino que se reinvirtieron en infraestructura para el organismo que presidía. Eso en razón de que la Codesal, asegura, no recibía desde la administración provincial partidas presupuestarias suficientes para su funcionamiento.
“A su vez hay una cuestión con el hotel que se usaban empleados para cortar el pasto y hacer trabajo de electricidad, pintura y demás en el hotel. Se utilizaban recursos humanos para el provecho de un tercero, de un particular, pagados por el Estado”, dijo Arias.
En tanto, el fiscal expresó que Villanueva y Mengeón están imputados porque, de alguna manera, son “testaferros de Mazurier” en la explotación del hotel. “La Fiscalía sostiene que la Codesal debió asumir como propio la explotación del hotel en un momento determinado y no lo hizo para beneficiar a una empresa que comandaba el mismo Mazurier a través de Mengeón y Villanueva”, dijo. Y las contadoras Teresita Bordón y María Florencia Lauría están acusadas por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Arias explicó que eso se debe al incumplimiento de la inscripción en la AFIP de la Codesal.
Informe: Guillermo Coduri
