El terreno se encuentra en Magnasco y Juan Lapalma. Fue comprado por un grupo de 84 familias, de las cuales 21 están dentro de la Asociación de Docentes Unidos –la figura que se creó desde Agmer para poder firmar la paritaria de viviendas con el gobierno provincial–. Pero, a pesar de que el lote fue adquirido hace cuatro años y que ya fue cedido al IAPV, los docentes siguen sin poder avanzar en las negociaciones para que las obras comiencen.
Estas 21 viviendas son parte de las 84 que restan para que se cumpla con las mil que se firmaron con el gobierno provincial en el marco de la paritaria docente que tiene fuerza de ley.
“El terreno ya tiene la factibilidad técnica (es apto para construir un barrio) y justo cuando se estaba por dar la factibilidad financiera, en diciembre de 2015, es que cambia el gobierno nacional. Desde la Secretaría de Viviendas modificaron el sistema de construcción y ahora estamos de un lado para otro, pero nadie nos da respuestas”, expresó a ElDía el docente Renato Mazaeda, dueño de uno de los 21 lotes.
En mayo, el coordinador entre Nación y Provincia de la Secretaría de Viviendas, Luis Uriona, llegó a la ciudad para aclarar algunas situaciones de gestiones de barrios en marcha. En este sentido, explicó que “los solicitantes pueden ser de tres tipos: las provincias a través de sus institutos de la vivienda; los municipios y entidades privadas”.
En ese momento también informó que “la Nación estratifica la ayuda: de cero a dos salarios mínimos proporciona el ciento por ciento del subsidio; de dos a cuatro salarios mínimos ya se ingresa en el Procrear que es una evaluación personal, y tiene como ventaja que es el solicitante y el Estado Nacional sin intermediarios”.
Según comunicó Oscar Ávila, desde la Asociación de Docentes Unidos, en la última reunión entre el funcionario nacional y el grupo de docentes, “Uriona le prometió a la gente que (la licitación y construcción de las casas) iba a ser con el mecanismo anterior”. Lo que, necesariamente, excluiría la estratificación realizada por el gobierno nacional y el financiamiento lo compartirían Nación y Provincia. Pero, al menos hasta el momento, no ha habido novedades al respecto.
“La obra ya estaba para licitar, según nos habían dicho. Después nos pidieron otros papeles, y volvimos a presentar todo. Pero nos siguen dando vueltas, seguimos esperando respuestas, supuestamente se iba a llamar a licitación, pero todo se fue dilatando y ahora estamos en una nebulosa: uno dice una cosa, el otro dice otra, y en concreto no sabemos qué es lo que va a pasar”, reclamó Mazaeda.
Lo cierto es que desde la Nación ofrecieron a los docentes las vías del Procrear, pero “no podemos pagar esas cuotas”, ya que “no es lo mismo una cuota social que la del Procrear, que son cerca de 5 mil pesos por mes”, justificó Mazaeda.
En este marco, ElDía supo que en los próximos días el coordinador entre Nación y Provincia de la Secretaría de Viviendas, Luis Uriona, volvería a la ciudad para tratar de destrabar, entre otros, el problema en el que quedaron inmersas estas 21 familias de Gualeguaychú.
