Los sindicalistas compartieron los asientos del Salón Blanco con funcionarios y los gobernadores. Allí estuvieron, entre otros, los gremialistas Armando Cavalieri (comercio), Ricardo Cirielli (técnicos aeronáuticos), Omar Plaini (canillitas), Gerardo Martínez (construcción), Víctor Santa María (encargados de edificios), José Luis Lingeri (obras sanitarias) y Gerónimo “Momo” Venegas (peones rurales). También tuvo su silla uno de los referentes de las fracciones de la CGT, Antonio Caló (metalúrgicos), pero los otros dos faltaron a la cita: el camionero Hugo Moyano y el gastronómico Luis Barrionuevo, aunque si estuvieron sus hombres de confianza, Carlos Frigerio (cerveceros) y Luis Acuña (estaciones de servicios), respectivamente.
Desde el atril, Macri dio detalles de las medidas contenidas en cuatro decretos y una resolución administrativa (a publicar en el Boletín Oficial) como parte del acuerdo en el que trabajaron los sindicalistas Lingeri, Jorge Sola (seguros) y Andrés Rodríguez (estatales) con el superintendente de Servicios de Salud, Luis Alberto Scervino, el ex director médico de la obra social del gremio del propio Lingeri.
La deuda de 29 mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que las obras sociales sindicales reclaman por prestaciones realizadas desde 2002 será restituida de distintas maneras. Unos 2700 millones serán devueltos en forma inmediata, ya que la partida estaba prevista en el presupuesto 2015 pero no fue ejecutada. Aunque de ese dinero solo un 80 por ciento estará a disposición de las obras sociales, porque el 20 por ciento restante todavía no fue auditado.
Otros 8000 millones serán parte de un fideicomiso en el Banco Nación que serán utilizados para la creación de la Cobertura Universal de Salud (que el Gobierno enviará al Congreso), para integrar la seguridad social y los hospitales públicos. Su ejecución estará en manos de una dirección compuesta por dos representantes del Ministerio de Salud, dos de la Superintendencia de Seguros de Salud y dos de la CGT.
Unos 4500 millones serán destinados a un Fondo de Emergencia y Asistencia para las abras sociales ante situaciones de emergencia y epidemias, también de disponibilidad inmediata. Poco más de la mitad total de la deuda, unos 15 mil millones, serán colocados en bonos del Tesoro Nacional con vencimiento en 2020.
El Gobierno aspira a que el millonario desembolso tras el trabajoso acuerdo con los sindicalistas descomprima otros reclamos gremiales y continúe una relación amigable. “Este fue un acto institucional por un viejo reclamo sindical. Lo otro va por cuerda separada”, dijo a Página/12 uno de los gremialistas presentes ayer en la Rosada.
La actitud que adoptarán los gremios luego de este gesto tendrá un primer termómetro el viernes, durante un plenario de secretarios generales convocado en la sede de la CGT Azopardo, que se encaminan a la reunificación de la central sindical el 22 de este mes. Allí está previsto aprobar un documento, que circula entre los distintos gremios, que hasta ahora reúne duras críticas al gobierno por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y reclama la apertura de paritarias. El contenido de ese documento, titulado provisoriamente “De mal en peor”, marcará el humor de los sindicalistas frente al Gobierno.
