Farall precisó que “la voluntad del Gobierno era poner las cosas en orden legal” a través de la aplicación de la ley provincial vigente, 8672, de reevaluación parcelaria. Asimismo adelantó que se verificarán las zonas donde el incremento estuvo muy por arriba de la media para confirmar si corresponde lo aplicado o, de lo contrario, producir los cambios necesarios.
“Hemos vuelto a aplicar la ley provincial 8672, de revaluación parcelaria rural, que no había dejado de estar vigente, pero no se aplicaba desde hace varios años”, precisó el funcionario a dicha Agencia y admitió que dicha norma “determina que se calculen las valuaciones por zona agroecológica”.
Según indicó, “los dos últimos aumentos fueron a dedo, ya que no se hicieron de acuerdo con la normativa vigente”; por eso, “la voluntad de este Gobierno fue poner las cosas en orden legal”.
Con ese fin, agregó, “la secretaría de la Producción, encargada de calcular los modelos productivos de las 37 zonas agroecológicas que tiene la provincia, inició el proceso durante este año, para lo cual se volvieron a armar los equipos técnicos y a estudiar más de cien modelos productivos. En función de esos modelos, la reglamentación de la ley de regulación parcelaria determina, por distintas fórmulas, el valor de la valuación en cada zona agroecológica”, detalló.
Rebelión fiscal
La Federación Agraria convocó para el próximo miércoles 5 de enero a una asamblea que se concretará en la sede de la Cooperativa de Arroceros, en Villaguay.
Los temas que abordarán son tres: el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, las regalías y la falta de respuesta por parte del Banco Nación en torno de las deudas que mantienen los productores agropecuarios con la entidad. “No hay soluciones acerca de la refinanciación de pasivos, no se ha dispuesto nada y siguen presionando a los productores”, dijo el presidente del consejo de delegados de Entre Ríos de la Federación Agraria, Alfredo De Angelis.
Sobre la determinación tomada por algunos productores que se negaron a pagar el Impuesto Inmobiliario Rural (que venció ayer), el delegado indicó que la rebelión fiscal es un delito, “pero entendemos la disconformidad de los productores porque las entidades agropecuarias participaron durante meses de las negociaciones con el Gobierno y terminamos siendo ignorados, ya que tomaron la decisión del aumento de manera arbitraria”, sentenció. A lo que agregó: “Los dirigentes hemos sido avasallados”.
