La demanda interpuesta por el Fiscal uruguayo fue bien recibida por los ambientalistas. Sobretodo, teniendo en cuenta que el propio presidente del vecino país Tabaré Vázquez, ratificó desde Nueva York, que la decisión estaba tomada y que la oposición argentina obedecía más a ruido de campaña electoral.
El diario de Montevideo El País, informó que el fiscal Viano pidió al juez que responsabilice al Mvotma por “la omisión en el cumplimiento de su deber de protección del medio ambiente y por tanto que se prohiba la instalación y la operativa de la planta” de la firma finlandesa Botnia.
Por el momento el fiscal no presentó una medida de no innovar, lo que impediría que la firma siguiera adelante con la instalación, pero no descarta hacerlo más adelante. La demanda fue presentada en representación de los intereses difusos de la población. Viana entiende que el Mvotma tuvo una actitud de “transigencia”, que no evaluó los impactos ambientales que ocasionan estas industrias y que aprobó su gestión con un informe de parte presentado por la propia empresa.
En el escrito que Viana, presentó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Segundo Turno del Uruguay, se especifica que es “una demanda de juicio contencioso-ordinario, anticipatorio o preventivo de daños contra el medio ambiente, contra el Estado, Poder Ejecutivo y Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma)”.
La petición fue que se los declare responsables por “la omisión en el cumplimiento de su deber fundamental de protección del medio ambiente”, y que en consecuencia se los condene a cumplir con esa obligación.
Las actuaciones se iniciaron con peticiones preparatorias, con las cuales se persiguió que la parte demandada informara sobre la instalación de la industria de celulosa finlandesa Botnia. “Los consecuentes requerimientos judiciales fueron desobedecidos”, dice el texto de la demanda. “Nada informó a la Justicia acerca del referido emprendimiento industrial, ni siquiera se animó a hacerlo someramente. No agregó los antecedentes reclamados; ni siquiera se dignó en aportar un simple testimonio a la Justicia”, indicó el fiscal.
En ese sentido, consideró que el asentamiento de Botnia “deviene incompatible con los exigentes mandatos de Derecho Ambiental uruguayo, más aún lo es ante la inhabilidad para su control que la propia administración demandada ha confesado públicamente”. También criticó que el Gobierno oriental haya tenido conductas “de consentimiento y de promoción de ese emprendimiento industrial”.
