La Alumbrera está en Andalgalá, Catamarca y en sus yacimientos de cobre y oro se utiliza cuatro millones de litros de agua- La explicación jurídica es que si se prueba el daño se trataría de un dinero que tendrá “origen espúreo”.
Según el fiscal general de la justicia federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, la minera La Alumbrera Ltd. –integrada por Xstrata Copper, Goldcorp y Yamana Gold– “reconoce el impacto ambiental” que genera en la zona de influencia y dijo que “la prueba esencial que se ha presentado en el Ministerio Público Fiscal, que posibilitó el procesamiento de Julián Rooney (vicepresidente de Asuntos Públicos de la suiza Xstrata Cooper), tuvo que ver justamente con utilizar los informes de impacto ambiental que la misma empresa presenta y los informes de la Secretaría de Minería de la Nación”.
“Esos índices se comparan con la ley 24.051, que es la que establece los delitos ambientales y se concluye finalmente en que están por encima de esos índices, y por lo tanto esta configurado el ilícito que prevén los articulo 156 y siguientes. El estar probado que se está contaminando el ambiente por encima de un monto que lo configura como un delito, hace que el dinero que se gane y que se reparte con todas las universidades del país, tenga un origen espúreo”, analizó el fiscal durante una entrevista concedida a la agencia de noticias Copenoa, que tiene base en Salta.
En su novedosa mirada, el fiscal general advirtió que si se logra alguna condena por contaminación ambiental contra La Alumbrera, “todo ese dinero será de origen espúreo y cualquier distracción del ese dinero, de hacer circular ese dinero, puede ser considerado como lavado de dinero”.
La definición no es menor. Una parte de las ganancias de la minera, ubicada en Catamarca y una de las mayores exportadoras del país, se distribuye entre las universidades nacionales, según la ley 14.771, que contó con el visto bueno del Consejo Interuniversitario Nacional en mayo del 2008. Eso permitió distribuir unos $50 millones entre las casas de altos estudios.
Pero esos fondos fueron rechazados por las universidades Nacional de Río Cuarto (UNRC), Nacional de Luján (UNLu) y Nacional de Córdoba (UNC). Además, más de veinte facultades se negaron a aceptar ese dinero, que oscilaba entre 900.000 y 3.500.000 pesos.
En junio del 2009, un mes después de la decisión del CIN, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel envió una carta al titular de ese cuerpo, Darío Pascual Maiorana, donde le pidió que a pesar de conocer “las necesidades financieras” de las universidades nacionales era necesario “rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al megaemprendimiento”, publica BAE.
