Los solicitantes requieren en la carta, enviada tanto al Concejo como al intendente Juan Carlos Cresto, que proceda a la eliminación de “todo tipo de normas que coloquen al empleado municipal, sea la categoría que fuere, en una situación de manifiesto privilegio frente al resto de la comunidad”.
En la nota, los reclamantes coinciden en que “no debiera en esta ciudad haber lugar para ningún tipo de privilegio ni excepciones, máxime cuando desde los ámbitos oficiales se destaca la situación de franca mejoría que se da en los sueldos de los empleados públicos en general”.
El municipio estableció la exención hace 23 años, el 28 de marzo de 1984. La ordenanza Nº 21576 eximió del pago de la totalidad de la TGI a los empleados municipales comprendidos en las categorías 1 y 19 para las categorías. En cambio, para las categorías 20 y 24, las más altas, la eximición alcanzó al 50 %. Un año más tarde, y por decreto del entonces intendente Jorge Busti, el beneficio se extendió al personal jornalizado y contratado con más de seis meses de antigüedad, “normas que aún hoy se mantiene vigentes pese al paso del tiempo y al esfuerzo de algunas gestiones”, señala la nota.
Los firmantes del proyecto recalcaron en el mismo su condición de contribuyentes de la ciudad, “afectados todos por las recientes medidas de ‘readecuación’ en la Tasa General Inmobiliaria, cuyos motivos nunca fueron adecuada y claramente justificados y que consecuentemente todavía sigue un estado de debate que lejos de acallarse parece potenciarse con el correr del tiempo, máxime cuando se observa que el municipio esta cada vez más lejos de cumplir con los servicios esenciales que debe prestar”.
La suba que rebalsó el vaso
El pedido de los vecinos se fundó en el malestar que produjo la “readecuación” de la tasa inmobiliaria, sancionada el año pasado. La operación consistió en corregir información fiscal sobre 4.000 viviendas sobrevaluadas o subvaluadas. Como resultado de la misma, según Hacienda municipal, 10.628 contribuyentes siguieron pagando los mismos montos. En cambio, 19.000 contribuyentes sufrieron un incremento de valores entre $ 0 y $ 5 bimestrales; a 6.154 les aumentó la tasa entre $ 5 y $ 10; a 6.000 entre $ 10 y $ 30, y a 1.878 más de $ 30.
Pero hubo muchos vecinos que se quejaban de los aumentos. DIARIOJUNIO publicó algunos casos en ese entonces que superaban holgadamente los porcentajes mencionados por Hacienda: el propietario de una vivienda ubicada en calle San Carlos (zona residencial) pasó de pagar $ 80 a $ 204; una casa ubicada en calle Alem al 200 pasó de $ 14 a $ 45; y una residencia ubicada en Mitre al 400, cerca de la Costanera, se elevó de $ 10 a $ 27.
