El diario Página 12 con la firma de la periodista Mariana Carvajal, publica hoy este estudio que fue encargado por la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (Conapris), del Ministerio de Salud de la Nación, a un equipo encabezado por reconocidas investigadoras en la temática: Edith Alejandra Pantelides, del Conicet y el Centro de Estudios de Población (Cenep), y Silvia Mario, del Instituto Gino Germani de la UBA. “Hasta ahora había estimaciones más precarias”, señaló a Página/12 Silvina Ramos, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), quien viene estudiando desde hace varios años la problemática del aborto en la Argentina. La cifra que se mencionaba desde organizaciones de mujeres y voces gubernamentales era de alrededor de medio millón de abortos por año: finalmente es un número que se acerca al obtenido a través de las dos metodologías científicas validadas internacionalmente usadas por Pantelides y Mario.
La investigación, encargada por el Ministerio de Salud, brinda por primera vez datos confiables sobre el fenómeno. Se calculó que por cada mujer que llega a un hospital por una complicación post-aborto, otras siete lo hicieron en condiciones seguras.
Se trata de un estudio con métodos científicos validados en el mundo que, por primera vez estimó la magnitud del aborto en la Argentina. El cálculo obtenido concluyó que anualmente se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo: casi un aborto por cada nacimiento registrado en el país. Se concluyó que a lo largo de su vida fértil, en promedio, cada mujer argentina tendría dos abortos inducidos. Además, se dedujo que por cada aborto que termina con complicaciones que demandan atención hospitalaria, siete no la requieren.
“Es un avance importante. Ahora hay un número con un sustento científico. No es más una apreciación fortuita”, destacó la médica Zulema Palma, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el colectivo de más de 250 ONG que el lunes último presentó en el Congreso un proyecto de legalización del aborto.
OTRO CASO EN JUJUY
Tiene 17 años. La golpearon y violaron a la salida de un boliche. Estuvo internada en un hospital, donde no le dieron la píldora del día después. Es en el mismo pueblo de Romina Tejerina, presa por matar a su beba. Ante esta situación, el pueblo junta dinero para que esa chica violada pueda abortar. La joven de quien no se suministran datos personales dijo, «yo no quiero tener un hijo a esta edad, no quiero dejar el colegio, quiero ser abogada».
LA LEY Y LA POLITICA
Mientras el Código Penal en su artículo 86 establece que “no es punible el aborto si se hace con el fin de evitar un peligro para la vida y la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación o atentado al pudor cometido contra una mujer idiota o demente” el oscurantismo de funcionarios y gobiernos provinciales cuasi feudales provocan esos embarazos no deseados que podrían evitar.
Estos funcionarios de gobiernos oscurantistas, no defienden una cultura arraigada en los pueblos (allí hacen colectas para juntar dinero que interrumpa el embarazo) ; tampoco defienden la ley, al contrario, la violan ; no acatan políticas nacionales en la materia.
El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo que hay que ampliar la despenalización del aborto a todos los casos de violación, no solamente cuando se trata de mujeres discapacitadas.
Estos gobiernos cuasi feudales, incluido el entrerriano solo se arrodillan ante el discutido poder de los sectores más ultramontanos de la Iglesia católica, cuya intransigencia solo provoca dolor y sufrimiento a los sectores sociales que ya tienen suficiente dolor y sufrimiento.
