El empleado con la sentencia fue cesanteado del Estado a través de un sumario por el delito de exacciones ilegales. La pena de prisión condicional establece además que se le prohíbe de por vida volver a ocupar un cargo en la administración pública.
El hecho se produjo el 16 de junio de 1999, cuando cobró seis fotocopias de entrega gratuita (a $ 0,50 centavos cada una) a Marta Ríos, quien necesitaba la partida de defunción de su marido para cobrar una pensión.
El tribunal de la Sala II de la Cámara del Crimen, integrado por Raúl Herzovich, Teresita Nazar y Jorge García avaló el pedido del fiscal de Cámara, Juan Carlos Almada, por lo que desechó el alegato del defensor oficial, que reclamó la absolución por falta de pruebas.
En el juicio se reveló que Piffiguer era vigilado por distintas irregularidades, como el cobro indebido de fotocopias gratuitas. En el informe entregado por el Registro Civil se comunicó que en el Registro no se abona dinero y que el pago de sellados se realiza en los bancos. Sin embargo, en la dependencia eran comunes tales exacciones.
En la condena los camaristas hicieron notar que “la Justicia no juzga montos, sino conductas”, al acreditarse que el empleado público tuvo una actitud infiel y deshonesta.
“El problema no es el monto, pueden ser 50 centavos lo que se pudo haber sustraído o 1 millón de pesos, lo que se analiza es la conducta impropia del trabajador”, se alertó, para de este modo atacar el posible argumento de que en la Justicia sólo se condena a los que roban gallinas y no logran ser condenados los que producen severas irregularidades por fraude a la administración pública.
