Cabe destacar que, según denunciaron los propios empleados y las entidades, existirían alrededor de 2500 expedientes paralizados, que tramitan desde hace más de dos años y cuyos reclamos corren el riesgo de prescribir por el paso del tiempo, en perjuicio de los ciudadanos que iniciaron los reclamos ante la Dirección o en sus homólogos municipales.
“De comprobarse esto, no solo representaría una afrenta a los derechos de la ciudadanía, que ve obturada su posibilidad de reclamar administrativamente ante situaciones de trato indigno, incumplimiento de contratos y/o garantías u otras situaciones de abusos por parte de empresas prestadoras de bienes o servicios, sino también que representaría desidia y abandono de parte de los funcionarios de la Dirección de Defensa del Consumidor de sus responsabilidades básicas y por las cuales perciben un sueldo mes a mes” remarcó finalmente el diputado provincial Eduardo Solari.
