“Tomado conocimiento, pase con carácter de urgente despacho a la Fiscalía de Estado para su intervención, atendiendo a las irregularidades apuntadas por la Secretaría Legal y Técnica”, reza la nota que firmó el doctor Jorge Busti, el 31 de agosto último. Inmediatamente pidió la renuncia de los profesionales involucrados, los doctores Luis Garay y Martín Navarro.
Es que el IAPS aceptó abonar 130.000 pesos por un siniestro (90.000 de capital y 20.000 por honorarios a cada uno de los abogados que patrocinaron al reclamante), frente al que hasta judicialmente había quedado libre de culpa y cargo.
Los sucesos son más o menos los siguientes: a) la relación comercial del Instituto estaba establecida con el señor Carlos Zapata que transfirió un Peugeot 404 a Héctor Palacio; b) el vehículo —conducido por Palacio— intervino luego en un accidente, producto de lo cual la víctima, Rodolfo Reynoso, planteó una acción civil contra el chofer por lesiones culposas; c) el IAPS fue citado al proceso como tercero en garantía; d) el IAPS justificó en aquella ocasión que el siniestro no le había sido debidamente comunicado, pero además que al momento de producirse el accidente el vehículo colisionante carecía de cobertura, dado que la póliza se encontraba impaga.
En favor de la posición del Instituto, Zapata (el dueño original del auto) tampoco habría efectuado la denuncia de venta del rodado, transacción que se produjo antes del accidente en cuestión.
El caso es que el 24 de noviembre de 1997, el Juzgado Correccional Nº 1 de Paraná determinó el resarcimiento dinerario que Palacio debía hacerle a Reynoso y liquidó a su vez los honorarios de los abogados que lo patrocinaban. En ese fallo no se responsabilizó de ninguna manera al Instituto.
Pero evidentemente Palacio no pagó. Y los defensores de Reynoso tramitaron cuatro años más tarde, el 2 de agosto de 2001, el cumplimiento efectivo de la sentencia ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 7, a cargo de la doctora Gabriela Mastaglia. En la saga de episodios se advierte que hubo intentos de la defensa de Reynoso por perseguir al propietario original del rodado (Zapata) y al IAPS, lo que mereció una resolución judicial adversa en primera instancia, sucesivamente confirmada por la Cámara y por el Superior Tribunal de Justicia.
El desenlace de la historia se inaugura el 23 de junio de 2004, cuando se suscribe un acuerdo transaccional (extrajudicial) entre los abogados que representan a los supuestos únicos herederos de Reynoso (falleció el 26 de agosto de 2001) y, por el IAPS, su titular Rubén Zapata y el gerente del Área Legales, Luis Garay. El asesor del doctor Garay, doctor Martín Navarro, fue quien elaboró el dictamen técnico que fundamentó el convenio, caracterizado como “sumamente conveniente”, aunque cuatro meses antes Garay había opinado en sentido exactamente contrario. “Surge sin hesitación que el Iapser no debe abonar el capital ni los honorarios que reclaman los recurrentes”, había opinado Garay el 27 de febrero de 2004.
No obstante, en el acta del 23 de junio se establece que el Instituto se hará cargo de los 90.000 pesos que, sin que medie la documental sucesoria pertinente, se destina a los padres del infortunado Reynoso. Y, por cuerda separada, de los 20.000 pesos que le corresponderían a cada uno de los dos profesionales que patrocinaron a Reynoso: los doctores Elías Ruda (abogado personal del presidente Rubén Zapata) y Rubén Pagliotto.
Seis días después, el 29 de junio, el gerente del Área Legales, doctor Luis Garay, puso el acuerdo a consideración de los cuadros técnicos del Instituto, que inmediatamente lo rechazaron, sin obviar el pedido para que sean notificados el directorio del IAPS y la mismísima Fiscalía de Estado.
«Vendetta»
Zapata responsabilizó a la Fiscal de Estado, Claudia Mizawak, de fomentar la información «falsa» por que según Zapata, la funcionaria realizó un informe en el cual «sostuvo que ‘no sabía como había llegado el Expediente a Legal y Técnica’ cuando fui yo el que lo envió y tengo los comprobantes que lo demuestran».
Señaló que se trata de «una vendetta» puesto que denunció haber sido «presionado» por Mizawak para derivar los pleitos del IAPS a «abogados que estaban con ella».
El titular del IAPS sostuvo que en la publicación “se obvia un detalle que no es menor «y que es que fui yo, personalmente, el que envió el expediente a la Secretaría Legal y Técnica».
Zapata relató que se trata de un reclamo que tiene un dictamen favorable de la gerencia general que aconsejaba el convenio y había un informe de la jefa del sector que era contradictorio por lo que envió el expediente a la Secretaría Legal y técnica.
El funcionario aclaró que “el convenio no fue homologado y no se pagó nada”.
También dio a entender que detrás de este “informe totalmente orientado para dejar una duda” hay otros intereses que pretenden presionar para que “determinados abogados” usufructúen “la maquinita de hacer juicios al Estado”.
Antes de dar mayores precisiones sobre los sectores involucrados., Zapata señaló que “primero voy a dar un informe al gobernador”, y agregó que “no va a permitir que se juegue” con su honor.
«No tengo mieto de tocar el poder cuando se roza mi honor» dijo Zapata quien agregó que el gobernador tiene a su disposición la renuncia «si es que considera que soy un delincuente».
