El pasado 22 de mayo el gobierno nacional, mediante la firma de un decreto, llamó a todos los argentinos a debatir el proyecto para una nueva y mejor ley nacional de educación que reemplace a la actual, sancionada en 1994 durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.
En principio, la propuesta, aparece como una excelente oportunidad cívica para participar, debatir y tomar parte en decisiones fundamentales, que van más allá de la política educativa a seguir, y posibilitarían también pensar el tipo de país que se pretende. Sin embargo, la propuesta es percibida -según se desprende de los documentos elaborados por los docentes de las instituciones locales consultadas por Debate y Opinión- como un lavado de cara de la vieja Ley Federal de Educación que derivó en el colapso educacional que actualmente atraviesa el país.
La metodología propuesta por el gobierno consta de un documento base que contiene diez ejes para el debate y líneas de acción y una encuesta, al estilo “multiple choice”, no vinculante dirigida a cualquier ciudadano con voluntad de participar, pertenezca o no al ámbito educativo, y la posibilidad de enviarla gratuitamente al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de las sucursales del Correo Argentino.
Si bien cada una de las instituciones consultadas por este medio celebran la actitud del gobierno de exponer el tema de la reforma educativa a un debate abierto con la participación de la familia, la comunidad educativa, grupos empresarios, organizaciones intermedias y demás sectores de la sociedad, la primera crítica de los docentes concordienses apunta a los tiempos apretados del calendario propuesto por el Estado. Los docentes consultados coinciden casi por unanimidad que la convocatoria no respeta tiempos reales para un debate sin apuro ni presiones, que la encuesta acota los temas a aspectos parciales dejando afuera aquellos que definieron la actual estructura del sistema fragmentado y desigual y que no es vinculante en la medida que el Ministerio se arroga el derecho de centralizar las discusiones sin verdaderas instancias jurisdiccionales de procesamiento de los debates.
“En lo personal, me da mucha rabia que gasten semejante guita para hacerte creer que tu opinión va a ser tenida en cuenta, cuando del mismo cuestionario surge lo contrario”, nos comentaba vía E- mail una profesora del Nivel Polimodal.
“Cuando todas estas encuestas y todos estos informes vayan a Departamental para que allí se redacte un documento único de Concordia, uno se pregunta ¿Qué voces van a priorizar en el documento final? ¿Las disidentes? ¿Las de la mayoría? ¿Las que prefiere el gobierno? Uno desconfía si no se van a manipular las encuestas”, planteó un profesor que se acercó a nuestra redacción.
Algunos documentos elaborados tras las dos jornadas de debate van un poco más allá infiriendo una dudosa casualidad en que el primer día propuesto por la Dirección Departamental de Escuelas para las jornadas de debate haya coincidido con el partido de la selección Argentina de fútbol contra la de Alemania y que el día oficial, destinado por el gobierno nacional, para la jornada de debate se haya realizado dos días antes del comienzo de las vacaciones de invierno y en pleno período de mesas de exámenes en el nivel terciario.
Cabe señalar que muchas instituciones educativas de la ciudad no han elaborado documento alguno hasta la fecha, están en proceso de elaboración o se limitaron a repartir las encuestas para que cada docente complete los casilleros. Debate y Opinión no solo chocó con ese impedimento temporal, producto de la acotada agenda, para hacerse del material sino que también se encontró con la actitud esquiva de algunos directivos para facilitar los informes, presuntamente por una cuestión de “respeto a la superioridades educativas”.
¿Puede tener lugar un debate abierto y participativo sin la valentía y el compromiso para exponer sus ideas de parte de los principales protagonistas del quehacer educativo?
“En líneas generales la propuesta del gobierno parece buena. Tiene el gran defecto de haberla bajado en tanta celeridad y en pleno mundial de Fútbol. A diferencia de la Ley Federal de Educación, no hemos tenido tiempo de hacer un necesario debate serio y profundo. Ojalá que su cronograma no se cumpla (quieren elevar la Ley al Congreso en octubre de este año) y podamos debatir más y hacer nuevas propuestas”, anhela un profesor en otro mail que llegó a nuestro medio.
El principal cuestionamiento del sector docente sobre el proyecto para una nueva ley de educación es que no parece proponer grandes cambios respectos de la actual. Una de las mayores críticas es que el proyecto no menciona la cuestionada ley de transferencia educativa de 1992 por la cual se descentralizó el sistema educativo. Dicha ley llevó a las escuelas del interior del país a depender de los presupuestos de las provincias donde funcionaban y que en su mayoría eran deficitarios. La descentralización sirvió para “dibujar” los números de la Nación, “reducir” su déficit fiscal y hacerla viable para la llegada de créditos externos, además de producir una fragmentación tanto en los contenidos curriculares como en las luchas docentes y en la distribución de posibilidades de acceso a la educación.
Entre tantos fracasos, la Ley Federal de Educación no logró cumplir el objetivo de la obligatoriedad de diez años. El índice de deserción y repitencia en EGB3 alcanza porcentajes muy elevados.
Según los docentes consultados y a través de los informes recolectados, la nueva propuesta no plantea un cambio profundo en la estructura del sistema educativo como tampoco ataca las cuestiones de fondo del actual colapso educacional que atraviesa el país.
De los informes elaborados a partir del análisis del documento base para la discusión, se desprenden varios interrogantes y planteos, entre ellos:
¿Quiénes y cómo? Pueden ser preguntas para pensar el financiamiento y las políticas de estado. El Estado tiene la obligación de garantizar la educación, esto requiere una fuerte inversión por parte del gobierno ¿nacional o provincial?, controlado por organismos específicos para que los fondos no se desvíen… la realidad actual, muestra la no correspondencia entre la inversión de años anteriores y calidad.
Las escuelas requieren soluciones urgentes y el Estado debe construir, mantener, equipar a las instituciones. Estas acciones no deben ser delegadas a los equipos directivos y docentes. Ellos se deben dedicar específicamente a la tarea pedagógica.
¿Garante o responsable? La recuperación del rol del Estado como responsable de una educación pública entendida como un derecho social, de calidad para todos.
El proyecto del gobierno postula que es necesaria una nueva educación para un nuevo modelo de país, algunos se preguntan si no subyace en dicho planteo la pretensión de que las personas se conviertan en “soldados” al servicio de un proyecto global determinado, entendiendo que la educación debe gestar hombres libres y responsables, que en el despliegue de todas sus potencialidades construyan una sociedad donde pueda ser factible la plena e integral realización de la persona en todas sus dimensiones. Personas capaces de asumir una actitud crítica y a la vez constructiva frente a la realidad y dentro de la realidad.
Otras de las propuestas, y en la preocupación de una mejor calidad educativa, considera imprescindible la competencia de título docente. Como son los miembros de Jurado de Concurso quienes deben establecer esta competencia, es necesario también que su idoneidad para acceder a estos cargos sea comprobada mediante una rigurosa evaluación de sus antecedentes, independiente de su ideología política, tal como viene ocurriendo.
A modo de síntesis general de estos primeros documentos a los que accedió Debate y Opinión, vienen al caso algunas conclusiones del informe elaborado por docentes de la Escuela Normal: “Definir un proyecto de país que nos incluya a todos y generar políticas de Estado en materia educativa que acompañen este proyecto… todas las propuestas deben ser consideradas dentro de ese marco, de lo contrario esta ley sólo será un parche más. Como sociedad necesitamos cambios estructurales que le den sustento a un proyecto educativo, que nuestros alumnos tengan las necesidades básicas cubiertas y que el Estado vuelva a ocupar su lugar de manera de achicar la brecha. La escuela debe recuperar su rol y el conocimiento debe volver a las aulas para dejar afuera el perfil asistencial que viene teniendo desde que el Estado se corrió…Sólo docentes con salarios dignos, bien capacitados y con autonomía institucional puede cambiar la educación en el día a día de la escuela…”
También, como dice en su primer ítem el documento elaborado por una institución de gestión privada con orientación humanista y religiosa: “Una ley por sí sola no cambia la realidad. Es una herramienta para el cambio siempre y cuando sus postulados, además de correctamente formulados y reglamentados, sean luego debidamente cumplidos y ejecutados, lo que no ocurrió con la Ley Federal de Educación”. Es decir, la considerable distancia entre el “debe ser” y la realidad de su aplicación tan común en la historia legislativa e institucional argentina.
Parafraseando ese himno rockero de los Redondos de Ricota llamado “Vencedores Vencidos”, cabe preguntarse si no se está ante otro “ensayo general para la farsa actual”.
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