Alalí indicó que el lunes pasado llevó un proyecto de ordenanza donde se establecía que los vehículos municipales deben estar en el corralón cuando no estén en horario de trabajo. “Que ningún secretario o funcionario lleve su vehículo a la casa, que le saquen el polarizado y que les pongan identificación”, indicó. Asimismo pidió que se investigue el viaje. Además, señaló que hay muchas versiones respecto de la cantidad de personas que viajaron. “A mí lo que me llega es que fueron tres choferes que no sé si cruzaron o no a Paraguay.
No obstante, dijo: “es fácil prenderse de las redes sociales y decir cosas desde el anonimato y siempre juzgar al empleado municipal”. Incluso, dijo que no faltaron voces que señalaban que fueron a contrabandear. Y recordó que el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, trajo dos LCD de Chile. “¿Eso no era contrabando? No, si era el ministro’”, dijo con ironía. “Pero si un empleado municipal va a comprar al a Paraguay seguramente es de contrabando”, dijo.
Por su parte, Laner leyó el descargo del director de Discapacidad, Juan Manuel Franco, en las redes sociales. “La razón única y sencilla que con el ingreso de los fondos al Consejo Municipal hay que mantener los móviles para que todos los días estén en condiciones para que puedan realizar el traslado de los chicos a las instituciones o a los centros de rehabilitación. Y hoy tenemos que sufrir incrementos de los repuestos. Por este motivo es que equipamos con cubiertas de mucho menor costo que en nuestra ciudad”, leyó Laner.
Para la edil, el viaje a Paraguay un feriado es una clara irregularidad que elude el régimen de compras vigente. Además, se preguntó si se pagó el impuesto aduanero o “se pasó así nomas sin ningún tipo de impuestos”. Al mismo tiempo, cuestionó “el tipo de mensaje que se le transmite al comerciante local que paga sus impuestos y apuesta a esta ciudad y tiene que competir de manera desigual y desleal” cuando desde un área municipal “ni siquiera se adquieren bienes en este país”. “Me parece una cachetada al comerciante”, dijo.
También cuestionó la autonomía para adquirir insumos argumentada por el titular de Discapacidad. “No es una ONG, no es una figura jurídica con compartimentos estancos al municipio. Se manejan fondos públicos, no son de propiedad individual de cada uno. Las compras no se pueden despegar de las normas vigentes”, sostuvo.
En tanto, el concejal Daniel Cedro (Frente Entrerriano Federal) señaló que se estaba prejuzgando y que tenía una sensación de que los ediles que habían hablado estaban reclamando intervenir el Consejo de Discapacidad. “Si no saben rendir, no saben comprar, no tienen en claro si manejan dineros públicos. Si eso ya lo tienen probado, me parece que tenemos que cambiar y en vez de aprobar un pedido de informes, pedir una intervención urgente del Consejo de Discapacidad”, sostuvo. Por ello, puso de manifiesto que primero deberían esperar la respuesta al pedido y reclamó que esta sea lo más rápida posible. Un plazo razonable sería una semana o 10 días. Y, en caso de encontrar alguna irregularidad, tanto administrativa como judicial, indicó que el cuerpo debería “tomar las medidas del caso”.
Pero el concejal Esteban Benítez (UCR-Cambiemos) indicó que las expresiones del responsable de Discapacidad generaban confusión respecto de cómo deben ser utilizados los fondos públicos. “Si le damos un subsidio a un privado, a un club, ellos saben que tienen la obligación de rendir cuentas”, señaló. “No solamente porque son fondos públicos, sino que se lo damos a una empresa privada, ellos tienen la obligación también”, dijo. “Acá nadie puede apartarse de las normas públicas. Ni siquiera cuando le entregamos a un privado un subsidio. Tienen la obligación de rendición”, señaló.
A su turno, Irma Bergalio (FPV), integrante del Consejo de Discapacidad, le respondió a Benítez. “¿Sabe si el Consejo no rindió nunca a la municipalidad? ¿Y porque lo está pidiendo? Cae en la misma situación de estar juzgando antes de tener una respuesta sobre el hecho”, dijo. Y sostuvo que hubo rendiciones de todas las partidas que recibió el Consejo. Por ello, pidió esperar las explicaciones del caso antes de “seguir batiendo el bombo”. “Presentamos un pedido de informes y debatimos antes de tener la respuesta ¿Qué es esto?”, se preguntó. A su criterio, las declaraciones de Franco, respecto de la presunta libertad para decidir dónde hacer las compras, fueron desafortunadas. “Pero eso no alcanza para hacer todo un debate en el Concejo”, indicó.
A su vez, Amadeo Cresto (Bloque unipersonal PJ) dijo que en el Concejo pasaba lo que sucede en el país. “Somos todos culpables antes de que se decida a través de la Justicia o del resultado del pedido de informes”, indicó. “No estoy de acuerdo en hacer un pedido de informes y a la vez ser inquisidores porque con los discursos ya se da por sentado que es así. No sé quien viajó; si fueron personas discapacitadas; si fueron personas de un sindicato; si el director envió o envió la camioneta; si salió a responder porque era verdad lo de las gomas o al verse abrumado puso eso en las redes sociales y se equivocó. Tenemos que ser más cautelosos porque nos puede tocar a cualquiera de los que estamos acá de que nos acusen de algo”, indicó.
También fue parte del debate Carolina Amiano (FPV) quien sostuvo que, de acuerdo con charlas con funcionarios encargados de controlar las rendiciones, las que presenta el Consejo de Discapacidad están al día y son de las “más prolijas” que reciben. “Me parece responsable de parte de nosotros esperar la respuesta del Ejecutivo y no quedarnos sólo con los trascendidos de una red social que muchas veces hacen juicios incorrectos de diferentes personas por diferentes motivos. Porque a veces somos blanco de las redes porque algunos no tienen el valor de decirlo de frente”, dijo.
Para cerrar, Bergalio preguntó “¿Nadie se equivoca en la vida? ¿Todos hacemos las cosas tan bien como para no tener que pedir disculpas en algún momento?”. No obstante, reclamó nuevamente esperar la respuesta al pedido de informes antes de adelantar opinión. “Por favor, señores cerremos este debate que no se debió haber dado porque no es el momento”, señaló. La requisitoria finalmente fue apoyada por todo el cuerpo a excepción del concejal Alberto Armanazqui quien se excusó de entrada en el tema por razones familiares.
