Un convenio reciclado

En tanto, la municipalidad vuelve a tener la posesión del predio y recupera el derecho al cobro de la tasa a las empresas que necesiten de los servicios para deshacerse del material descartable. “Hay empresas como Masisa que pagan un canon o una tasa por volcar sus residuos”, puntualizó. La tasa había sido cedida en el convenio anterior y formaban parte de los ingresos de Cetru. Justamente, es uno de los puntos que investiga la Justicia porque una cesión de derechos económicos municipales debe ser avalada por los 2/3 de los integrantes del Concejo Deliberante.
Cetru firmó un convenio con la administración del ex intendente Juan Carlos Cresto para hacerse cargo del predio por 20 años. Debía encargarse del reciclado de la basura de la ciudad y del tratamiento final de la que no podía ser reciclada. “Lamentablemente por innumerables motivos, casi todos de índole interna, nunca logró llevar adelante la propuesta que le había hecho al municipio”, expresó. El tratamiento no se realizaba y los desperdicios se acumulaban a cielo abierto. Además, hay una denuncia judicial en el Juzgado Nº 4 de instrucción penal contra Cresto y siete de los ex concejales (Martín Santana y Roberto González siguen integrando el Concejo).
La gestión actual intimó al desalojo de la empresa. El desalojo finalizó en un acuerdo a través del que la municipalidad recuperó la posesión del Campo del Abasto y se quedó con la maquinaria de la empresa mediante el pago de una compensación por $ 208.000. En esa cifra se incluyó una indemnización de $ 42.000 para los ex empleados de la empresa.
Entre las tarea que tendrá a cargo “Reciclar” se incluye el tratamiento final de los residuos que no tengan aprovechamiento alguno. “Hay varios métodos: el menos ecológico es el de enterrar la basura pero hay elementos que no tienen otro tratamiento que ese. Hay otros que se pueden quemar”, indicó el edil. En el caso de que no haya otra alternativa, se buscará aislar los residuos de las napas de aguas subterráneas.
Los galpones y la maquinaria que quedaron de la concesión anterior se encuentran en buen estado. “No habían sido muy utilizados. Lamentablemente Cetru no llegó nunca a poner al 100 % en funcionamiento estas instalaciones”, sostuvo Giampaolo. Parte de la infraestructura fue afectada por un incendio cuyo origen nunca fue aclarado. Específicamente, una cinta transportadora sufrió algunas consecuencias en forma parcial.
En agosto pasado, el fiscal Mario Guerrero del Juzgado Nº 4 solicitó al juez Maximiliano Benítez la imputación del ex intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Pero el juez no tomó una decisión hasta el momento. La denuncia fue interpuesta por el ex concejal Eduardo Miranda y el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa (FIA), Oscar Rovira.

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