“Vamos a presentar una resolución que tiene esas dos grandes patas: por un lado, solicitar al Ejecutivo que realice un control sobre quienes suscribieron voluntariamente dado que un acuerdo no es impuesto por parte del Estado sino que las firmas decidieron participar voluntariamente del mismo. Y la otra es que los consumidores estén informados dándoles las herramientas tecnológicas que tienen para que realicen las denuncias”, señaló Gallo. Pero si el Estado no controla, el programa termina siendo “letra muerta” o una “estafa” hacia los consumidores. “O eso que hace tanto daño que uno deje de creer en los programas o en las políticas del gobierno”, indicó.
“La idea del Concejo Deliberante es darle herramientas al ciudadano para que puedan efectuar las correspondientes denuncias”, indicó. Por ello, pidió al área de Informática que ponga a disposición un link donde se pueda descargar la app de Precios Cuidados para que los usuarios realicen la correspondiente denuncia.
En Concordia hay cuatro supermercados que suscribieron el programa. Entre ellos Carrefour, Día %, Súper Vea, Modelo y Diarco. “Deberían estar cumpliendo y es responsabilidad del estado controlar que así sea”, dijo.
Desde el 3 de febrero pasado, el acuerdo de precios en las carnes, que establece ocho cortes con rebajas de hasta el 30 por ciento, comenzó a regir formalmente en supermercados de todo el país. Las ocho piezas se suman a los dos cortes que ya estaban incluidos en Precios Cuidados: Tira de asado: $ 399 el kilo, Vacío: $ 499 el kilo, Matambre: $ 549 el kilo, Tapa de asado: $ 429 el kilo, Cuadrada/bola de lomo: $ 489 el kilo, Carnaza: $ 359 el kilo, Falda: $ 229 el kilo, Roast beef: $ 399 el kilo. Pero de inmediato comenzaron las quejas de los usuarios por la calidad de la comida.
El miércoles de la semana pasada, Pablo Lapiduz, director de Defensa del Consumidor municipal, indicó esta mañana que la competencia de la repartición que conduce no tiene personal calificado, como un ingeniero en alimentos, para controlar la calidad de los cortes del programa de carne a precios populares. “No tenemos a nadie que pueda hacer una evaluación de la calidad intrínseca del producto”, señaló.
Gallo explicó que Defensa del Consumidor debe encargarse de mediar entre el usuario y prestador o productor o supermercado en este caso. “Si un consumidor ve que hay una irregularidad, por ejemplo, si la calidad de la carne es mala, tiene que acercar a las partes. Es obligación de él. Decir que no entiende es un error. Tal vez no tiene la posibilidad de controlar. Por eso le solicitamos al Ejecutivo la posibilidad de formar un equipo activo para controlar en los supermercados. Defensa del Consumidor tiene la obligación de sentar a las dos partes y elevar a provincia, si encuentra una irregularidad, para que imponga una sanción como ha sucedido con Megacable y demás”, dijo.
El concejal explicó que el programa protege el acceso de los argentinos a productos que conforman la canasta básica y que usualmente consumen. “La idea del Estado es generar un programa para llegar a un acuerdo de precios justo y razonable”, señaló. Pero si una de las partes está incumpliendo, por eso hay que sancionarlo. “Son acuerdos que son voluntarios, no fueron impuestos. Por eso el incumplimiento es mayor”, señaló. Diferente sería una imposición de precios máximos que a un comercio le sea inviable. “Pero ellos se prestaron a un acuerdo. Peor si incumplen, lo que viene es la sanción”, dijo.
“Es necesario que el consumidor tome un rol activo. Que los consumidores entiendan que es un derecho porque hay un acuerdo marco y que el Ejecutivo tome un rol activo y empiece a controlar”, indico el edil.
