En el proyecto argumentó que “la educación de la comunidad en su conjunto debe ser el objetivo primordial de toda gestión”. Para lograrlo, “el Estado debe invertir en herramientas que permitan a todos los jóvenes de los distintos niveles educativos acceder a la educación pública y gratuita”.
El autor del proyecto de ordenanza indicó en el artículo 2º del proyecto que están contemplado como beneficiarios “todos los estudiantes, docentes y no docentes pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el sistema educativo público en los niveles inicial, primario, secundario y superior, y los estudiantes de las universidades públicas radicadas en el municipio”.
En el artículo 4º se establece que, en el caso de los beneficiarios que pertenezcan a establecimientos rurales sin servicio público de transporte regular, “deberán arbitrarse los medios para asegurar el efectivo goce del beneficio”.
Zadoyko sostuvo que una mejor calidad educativa debe venir acompañada de políticas que tiendan a brindar a los docentes “más y mejores condiciones de trabajo”. “Es indispensable establecer un sistema que permita a los niños y jóvenes acceder sin ningún tipo de obstáculo a la institución educativa a la que pertenecen», señaló.
En Córdoba rige desde el inicio del ciclo lectivo 2012. Beneficia a alumnos primarios y secundarios, docentes, no docentes y a estudiantes de universidades públicas y tiene como objetivo garantizar la llegada de niños, jóvenes, docentes y no docentes a los establecimientos educativos de toda la provincia, eliminando así una potencial barrera de acceso al conocimiento.
