El fenómeno del trabajo en negro no sólo ha instalado una cultura de explotación al trabajador sino, una cultura de evasión generalizada, ya que aquellas empresas que mantienen trabajadores informales muchas veces no cumplen tampoco con otras obligaciones fiscales.
En la actualidad, 21.000 concordienses empleados en relación de dependencia del sector privado trabajan en negro. Debate Y Opinión pudo constatar que el ingreso por tareas similares con los trabajadores registrados varía significativamente debido a que gran parte de los trabajadores no registrados ganan exactamente la mitad con respecto a un trabajador en blanco.
Registrar un empleado de comercio tiene un costo apreciable: “Por cada $100 de sueldo básico, más, $ 8,33 de sueldo anual complementario, le representa al empleador, por aportes y contribuciones de las leyes sociales, $ 30.77. Al trabajador le queda $ 77,40 en el bolsillo porque aporta, por su parte, $ 22,60 al sistema. Convengamos que para el contratante es un costo alto” decía el Contador Marcos Follonier a DEBATE Y OPINIÓN.
No sería incoherente deducir que la evasión de aportes a 21.000 trabajadores en relación de dependencia no registrados en nuestra ciudad, nos remite a algo que es muy común que pase : “no declarar ventas por parte del empresario; es decir, vender en negro para pagar ese jornal”, reflexionaba Follonier.
Para entender la realidad con estos datos, y a manera de ejemplo, si tomáramos como retribución $500 mensuales por cada trabajador en negro de esta ciudad, lo que se evade en aportes de leyes sociales es de $ 7.300.000 mensuales. Y, si a esto le sumáramos que no se declaran por parte del empresario ventas por el mismo monto para pagar ese sueldo en negro (No se estaría pagando IVA por $ 86,77, Tasa de Higiene Municipal por $ 5,92 y tampoco Ingresos Brutos por $ 12,39. Estos impuestos omitidos sumarían $ 317.100 mensuales), estaríamos hablando de una evasión total mensual de $ 7.617.100. Es decir, la suma anual de $91.405.200.
Difícilmente se va a subvertir esta amarga realidad que da cuenta que en la Argentina de hoy, el 20% más acaudalado se queda con el 53,1% de los ingresos, el 40% medio con el 34,7% y el 40% más bajo, con apenas el 12,2%, si no se hacen esfuerzos desde el Estado provincial, los sindicatos y los propios trabajadores, por ayudar a organizar con firmeza, a esta importante y decisiva franja de los trabajadores, hoy abandonados a su suerte.
Historias de vida de la precarización laboral
«El empleo no registrado es una de las distorsiones más graves del mercado de trabajo. Esto implica socialmente que miles de trabajadores en Concordia no están cubiertos por la seguridad social, o sea que no tienen derecho a la jubilación, no cuentan con obra social ni seguro de accidentes de trabajo. Y, en promedio, cobran menos de la mitad de lo que ganan los trabajadores que están registrados», decía a DEBATE Y OPINIÓN un empleado de la Dirección Provincial de Trabajo.
Para muchos trabajadores concordienses fuera del sistema, jubilarse a la edad correcta, tener obra social, cobrar salario familiar, gozar de vacaciones, o poder acceder al crédito, son algunas de las dificultades que debe superar diariamente. Todos los días y por las más variadas situaciones, se encontrarán con incontables barreras, que les impedirán o les encarecerán el acceso a la compra de un bien. Todo esto sin contar la falta de seguridad social y de aportes para una futura jubilación.
Son pocos los que reconocen públicamente que laboran fuera del sistema por el temor a la pérdida del trabajo. Y los más jóvenes -la franja más afectada por el trabajo en negro según datos del INDEC- parecen resignados a aceptar la realidad que les toca vivir, entre otras razones, porque no conocieron otro contexto que el de la decadencia.
“No quiero que publique mi nombre porque sino voy a tener problema con el dueño del comercio donde trabajo», nos pide Andrés, un trabajador de comercio. “Hace cuatro años que me pagan como si trabajara media jornada a pesar de que trabajo entre 9 y 10 horas. Gano un poco más de la mitad de lo que fija el convenio, pero no me sirve porque en el sobre de sueldo figura muy poco y eso me limita en todo: para el crédito, para poder tener una tarjeta o comprar en cuotas. Ni hablar de la futura jubilación”, cuenta.
En su relato, siempre pausado, reconoce que son muchos trabajadores de comercio que están en la misma situación que él.
Es un secreto a voces que en nuestra ciudad cada vez son mas los trabajadores «en blanco» que aparecen registrados con sueldos inferiores al salario mínimo. Y es porque figuran como «contratados a tiempo parcial», por pocas horas, a pesar de que trabajan jornadas diarias completas.
Juan José Simonetti, Secretario General del gremio de Comercio estima que “más del 20% de los 3.500 empleados de nuestra actividad están en esa situación”.
Recordemos que este tipo de contrato fue incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo en 1995 a través de la llamada Ley de Promoción del Empleo que creó un conjunto de modalidades de trabajo que luego fueron denominadas como «contratos basura».
El sueldo mínimo del trabajador a tiempo parcial es similar al del convenio, proporcional a las horas trabajadas. Muchas empresas registran de ese modo a los trabajadores. Así, ante cualquier inspección del Trabajo aparecen como registrados. Los empleadores acuerdan con el trabajador la diferencia «en negro».
La Dirección Provincial que tienen a su cargo la policía del trabajo y los organismos de fiscalización, debería analizar por qué se da esta recurrente y sospechosa práctica de contrataciones de jornadas reducidas. ¿No será una forma de blanquear trabajadores manteniendo el fraude laboral?
Enrique Ramón Cóceres tiene 61 años, es trabajador de la construcción y, por ahora, la falta de aportes que podrían derivar en una vejez sin jubilación parece estar lejos de sus preocupaciones diarias inmediatas: “Hace muchos años que trabajo en negro, a mi edad quién te va a pagar los aportes. En los años que he trabajado, si tengo la mitad de aportes es mucho”, evalúa Cóceres. «Más adelante veré qué hago. Por ahora tengo que trabajar para comer», remata .
Pero, más allá de la despreocupación y la incertidumbre por el futuro, Cóceres tropieza a diario con dificultades varias: “No puedo comprar un par de zapatillas a crédito o pedir libreta en el almacén”. Estas cuestiones, por ahora, le molestan más que tener una vejez con una jubilación y cobertura social.
La situación de precariedad laboral de este trabajador de la construcción, que es botón de muestra de muchos otros trabajadores, no sólo influye en cuanto a los magros salarios que percibe, sino que también ocasiona mayores gastos al Estado que debe atender esta situación de falta de coberturas y que deberá asistirlo en el futuro ya que no registra aportes para su jubilación. Es decir, que a la larga, todos los ciudadanos deberemos pagar esta evasión de una u otra manera.
Las ventajas de tener un trabajador en regla siempre se puede medir en términos de productividad. Follonier apunta a lo siguiente: «Es adecuado evaluar las diferencias de productividad y compromiso que existe entre un empleado que carece de obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, asignaciones familiares, subsidio por escolaridad, el acceso al crédito y que, al mismo tiempo, sabe que recibe una remuneración un 50% menor con respecto a otro empleado que goza de todos esos beneficios. Ahora, el Estado debería bajar los costos laborales para aumentar los incentivos al registro del personal. Debe buscar cambiar el resultado de la relación costo – beneficio de registrar un empleado”.
