LA INVESTIGACIÓN, LA SORPRESA
Por mandato de su representada, una cooperativa de servicios de agua potable de Ibicuy, su apoderado legal, el abogado Ricardo J. Luciano, solicitó al gobierno de la provincia le fueran remitidas todas las actuaciones, en referencia al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes por parte de las empresas que extraen arena silícea de la provincia y envían a Vaca Muerta. Primero éste se negó, con chicanas impropias, a suministrar esa información, que por razones obvias es de orden público. El abogado entonces presentó un Recurso de Amparo que finalmente fue concedido por el STJER que indicó al gobierno provincial que debía dar satisfacción a lo requerido.
El profesional, puesto en el análisis minucioso de la información suministrada, miles de fojas de expedientes remitidos en formato digital, fue tomado por la sorpresa a medida que iba verificando el absoluto descontrol de los responsables y el incumplimiento por parte de los funcionarios, desde el gobernador, Gustavo Bordet, pasando por el ministro de Economía, Hugo Ballay, de la producción, Juan José Bahillo, llegando a la funcionaria a cargo de la Secretaría de Ambiente, María García, de sus obligaciones. Incumplimiento agravado por tratarse de la salud de la población, pérdida de recursos recaudatorios genuinos y de la destrucción de humedales protegidos, librados a la acción totalmente irresponsable de las empresas, que actúan con la tolerante complicidad de los funcionarios, que deberían hacerles cumplir la Ley, y sin embargo son partícipes de su irrespeto, al avalar lo contrario.
LOS HECHOS
La situación que ha revelado el abogado denunciante probablemente sea una de las más graves denuncias jamás efectuadas por el incumplimiento de sus deberes por parte de funcionarios públicos. La preocupación de los directivos de la cooperativa estaba basada en el enorme impacto ambiental en la región ocasionado por dichos establecimientos, destrucción a destajo de santuarios naturales, freno al escurrimiento natural de las aguas del humedal, ocasionando anegamientos y destrucción de cultivos de terceros damnificados, extracción de millones de M3 de arena, destrucción de humedales protegidos, y afectación en la calidad del agua subterránea de donde se extrae para proveer al consumo humano, dado que estas empresas emplean masivamente floculantes químicos cancerígenos que quedan liberados al ambiente y podrían estar contaminando las napa subterráneas.
CON LA COMPLICIDAD DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE LAS EMPRESAS FUNCIONAN CON GRAVES IRREGULARIDADES, COMO SER:
– Estudios de Impacto Ambiental, burdamente elaborados, sin ningún valor científico, toscos copie/pegue unos de otros.
-Muchas empresas ni siquiera han presentado los E.I.A. obligatorios que determina la Ley, o están vencidos, fuera de los plazos legales de vigencia.
-Tampoco han efectuado las audiencias públicas que marca la Ley como necesarias para su habilitación.
CON LA COMPLICIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA HACIENDA Y FINANZAS
Las empresas no presentan sus informes periódicos de liquidación de extracciones por lo que se pierden millones de pesos de recaudación tributaria con la cómplice inacción de este ministerio, que no los fiscaliza y obliga a tributar, a pesar de las graves circunstancias financieras en las que se desenvuelve la provincia.
LAS CONCLUSIONES
Hasta ahora el abogado ha preparado 22 informes que han sido publicados en http://fundavida.org.ar/web2.0/ donde pueden ser consultados por quienes los consideren de su interés. En síntesis podemos comentar que han ido revelando un escándalo de complicidad del gobierno de la provincia, su Ministerio de la Producción, su ministerio de Economía y la Secretaría de Ambiente, con el accionar criminal de estas empresas, que con total impunidad, irrespetando la Ley General de Ambiente, Nº25.675, están ocasionando un daño ambiental irreversible y sobre la salud de las personas que viven en la zona, que todavía no se ha cuantificado.
MISCELANEA
No queremos terminar esta nota sin hacer una pequeña referencia a la desopilante funcionaria responsable de ambiente, María Daniela García. Uno debería suponer que cuando se designa a algún funcionario como responsable de cualquier área de gobierno, al ser elegido se analizan sus conocimientos en referencia a la cartera que se le confía para administrar. No es el caso de María Daniela García. Uno lee sus declaraciones a la prensa y se ve obligado a pensar que no tiene la más pálida idea de nada, daría la sensación que acaba de bajar de una nave espacial luego de haber estado toda su vida en Saturno. La hacemos corta: si existe algún conflicto en la historia de nuestro país que ha sido suficientemente publicitado es el de la instalación de la planta de celulosa de BOTNIA (hoy UPM) en la vecina ciudad de Fray Bentos, emprendimiento que fue condenado por científicos y estudios que acreditaron la enorme contaminación regional que produciría, solo por mencionar algunos, el Estudio de Impacto Ambiental que el propio gobierno de la provincia encomendó a especialistas internacionales, previo a la instalación de la Planta. O el de la Universidad Nacional de La Plata, solo por mencionar dos, para no agobiar. Consultada por la prensa en Gualeguaychú, la inefable secretaria de ambiente manifestó (SIC) “aún no tengo una posición tomada con respecto al tema. Para afirmar un daño ambiental hay que probarlo con los datos y las muestras objetivas. En caso que se compruebe que genera daño hay que actuar en consecuencia”. (SIC)[i]
Con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la nación que ordenó la destrucción del endicamiento que destruyó un humedal que amortiguaba las crecientes de Gualeguaychú, García afirmó en DIARIOJUNIO[ii]: “Ellos tienen un plazo para destruir todo el complejo y el plazo será de 6 meses a partir de que nos reunamos para hacerles conocer la decisión (SIC) y los detalles” Según declaro posteriormente, hasta ahora “no ha tenido tiempo” de notificar a los especuladores inmobiliarios de la sentencia.
Respecto del tema de esta nota, la extracción de arena de la provincia, y teniendo en cuenta que todas las responsabilidades y autorizaciones de Ley, caen sobre el área de su competencia, García manifestó: “tenemos que evaluar el impacto que tiene la extracción minera que tenemos en Entre Ríos de las arenas silíceas. Queremos medirla la actividad en general para conocer qué impacto tienen varias empresas en las extracciones sobre una misma cuenca”. (RECONTRA SIC) Resulta que todas las empresas que actúan han sido autorizadas por esa secretaría y para hacerlo deberían haber presentado un Estudio de Impacto Ambiental firmado por profesionales idóneos habilitados, que son responsables solidarios de lo que esta ocurriendo. Nuevamente la desopilante Secretaria de Ambiente de la provincia, también en este tema, ignora lo que está ocurriendo, a pesar que es su obligación conocerlo, y obviamente cobra su espléndida retribución como secretaria de Estado, a pesar de que no sabe/ no conoce/ ignora todos los temas cruciales de la repartición que se supone conduce.
[i] https://www.analisisdigital.com.ar/judiciales/2021/06/08/el-barrio-amarras-de-pueblo-belgrano-no-cumplio-el-fallo-en-su-contra
[ii] https://www.diariojunio.com.ar/amarras-la-secretaria-de-ambiente-afirmo-haremos-cumplir-la-orden-judicial
