La fiscalía había pedido la prisión preventiva por 90 días para todas las personas todavía acusadas de integrar una asociación ilicita con el fin de cometer delitos de variadas índoles, pero el juez consideró el pedido de excesivo y determinó la prisión preventiva por un plazo de 50 días; a excepción de las tres mujeres todavía involucradas, las cuales deberán cumplir con la misma medida, pero en la modalidad de prisión domiciliaria. Respecto a la calificación de los hechos, el magistrado consideró que no debía ahondar en calificaciones de los delitos imputados dado que la actual etapa procesal es provisoria y sujeta a debate en venideras circunstancias.
La defensa apeló la resolución, en principio, de manera verbal porque considera que el juez no determinó, de manera concreta y fehaciente, donde están los riesgos procesales.
Por otro lado, el juez habría llamado la atención a los fiscales por la utilización de términos incorrectos y que violarían la presunta inocencia que rige en el código penal y los derechos humanos de los imputados: Los mismos habrían sido clasificados de parte de los fiscales, durante las audiencias y antes de ser declardos culpables, como «delincuentes de la peor calaña».
