El organismo consideró que en el período fiscalizado (2016/ 2017) Uber desarrolló un servicio de transporte por medio del trabajo de los propietarios de los vehículos y de sus conductores. De este modo, corresponde que la empresa pague IVA y Ganancias a través de su representación permanente en el país. Por otra parte, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP estableció que los choferes de Uber son empleados en relación de dependencia y no trabajadores independientes, como sostiene la empresa. “Entre otros ejemplos de esta relación de dependencia cabe destacar que la empresa determina las condiciones en que los choferes deben prestar el servicio a través de la aplicación; fija la tarifa y el recorrido; y, en base a las calificaciones del pasajero, puede “desconectar” al chofer, quien, además, no cobra directamente, sino que es Uber quien le deposita la remuneración en una cuenta que debe tener a tal fin”, remarcó.
Además, a partir de la investigación realizada por el organismo se pudo detectar la existencia de una compleja ingeniería de sociedades que conforman un conjunto económico en los términos de la ley de Contrato de Trabajo. El entramado de sociedades, compuesto por empresas nacionales y extranjeras, se creó para dificultar ante el fisco la identificación de los responsables de llevar adelante la actividad de transporte de pasajeros.
La fiscalización concluyó que no se pagaron tributos a la seguridad social por más de 16 mil choferes. Esta conducta de la empresa impide que dichos trabajadores gocen de los mismos derechos que aquellos que están registrados, como vacaciones, aguinaldo, Obra Social, ART y una futura jubilación.
