Graciela Mingo de Bevilacqua atraviesa una nueva tormenta al frente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). El año pasado protagonizó una recordada polémica con un docente quien terminó denunciándola ante el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por “persecución” y “maltrato”.
Poco después, Mingo de Bevilacqua firmó una nota a través de la cual instó a los jefes de área y a los funcionarios políticos de la universidad a que “eviten hacer críticas ante la prensa si antes no las expresan por los canales administrativos”, advirtiendo que podrían ser desplazados aquellos agentes que no cumplieran con esa disposición, lo que generó el rechazo de buena parte de la comunidad educativa de la Uader, especialmente de los alumnos que decidieron realizar clases públicas y marchas para dar a conocer la realidad que se vivía en la casa de altos estudios y repudiar el “verticalismo” y la “intolerancia” de la rectora.
En los últimos días, mientras la Uader atraviesa un proceso de normalización y a pocas horas de que se elijan los representantes del claustro estudiantil –primera instancia que derivará en la elección democrática de consejeros, decanos y órganos de cogobierno, trascendió que la rectora estaría incurriendo en severas irregularidades administrativas.
Concretamente, lo que se le recrimina a la licenciada en Ciencias Políticas y rectora organizadora, es que además de su cargo en la Uader, acumula también una serie de horas cátedras en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que superan el tope máximo de las horas que puede ejercer un docente sin entrar en incompatibilidad.
Además, según se consignó en distintos medios periodísticos, Mingo de Bevilacqua habría “colaborado” para que un familiar directo suyo resultara favorecido con la designación como titular de una cátedra de la universidad, al mismo tiempo que otro familiar estaría cobrando horas cátedras sin ser docente. Del mismo modo, las quejas contra la máxima autoridad de la Uader apuntan a la forma y las personas que fueron nominadas para integrar la Junta Electoral, muchas de ellas de su íntimo entorno, lo que conspira contra la transparencia nada menos que en vísperas de actos electivos. Ocurre que el próximo miércoles se producirá la primera elección interna de donde saldrán los representantes estudiantiles, a los que se le sumarán el 30 de este mes los representantes que resulten electos entre el personal no docente; el 20 de marzo de los miembros de graduados y docentes de cada una de las facultades; el 11 de abril se elegirán los decanos; una semana más tarde, se votarán a los consejeros docentes, y el 26 de abril se elegirá al rector, con lo que se completará por fin la tan ansiada autonomía universitaria. Sin embargo, en pleno proceso de democratización, nubarrones de incertidumbre desconfianza se ciernen sobre una institución y el proceder de sus máximos responsables, cuyo comportamiento público debería ser ejemplo de equilibrio y observancia.
Protagonismo. Pero los que salen a la luz ahora no son todos los problemas que subyacen hacia el interior de la universidad provincial, ni alcanzan para comprender las actitudes de la rectora organizadora que han terminado erosionando su autoridad.
Por caso, varios funcionarios y no pocos causales y atribulados testigos, recuerdan el escándalo que le hizo el 24 de marzo de 2009 la rectora a una joven encargada de la Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Diamante en ocasión de inaugurarse el Muro de la Memoria, en esa localidad. Ese día, mientras el sol se ocultaba tras las islas, al pie de las barrancas de la Ciudad Blanca, el intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Roque Minatta, y la propia Mingo de Bevilacqua rendían homenaje a los caídos durante la última dictadura junto a una escultura labrada por el artista Néstor Medrano sobre los restos de una pared, que recuerda al militante de la JP, el diamantino Omar Bravo. Allí, un centenar de personas soportaba el asedio de los mosquitos en espera de que comenzaran los discursos de evocación previsto, cuando la rectora de la Uader arremetió furiosa contra la joven porque advirtió que ella no figuraba en la lista de oradores. La muchacha intentó explicarle que no era un problema de ella, sino que así habían llegado las glosas desde Paraná, pero Mingo de Bevilacqua parecía no querer escuchar razones, y sin importarle que frente al micrófono estuviera hablando una de las víctimas, ni reparar en las miradas azoradas de los concurrentes, amenazó y se trabó en un jaleo bochornoso que nadie alcanzaba a comprender.
Rivales. A escasos metros suyos, el profesor universitario y por entonces integrante del Área de Promoción de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Uader, Alejandro Richardet, miraba la escena con cierto asombro, sin saber, quizás, que muy pronto él mismo se trenzaría en una acalorada polémica con la rectora. Vale recordar, que Richardet presentó meses después una denuncia en el Inadi contra la rectora por “discriminación institucional” y “persecución”.
El profesor universitario e integrante del Área de Promoción de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Alejandro Richardet, ratificó ante el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), su denuncia contra la rectora de la alta casa de estudios, Graciela Mingo de Bevilacqua, por “discriminación institucional”, “persecución” y “maltrato”.
Advertencia. La nota está fechada el 7 de abril de 2010 que recibieron formalmente todos los jefes de áreas y funcionarios políticos de la Uader rezaba: “Me dirijo a usted a fin de comunicarle que a partir de las denuncias mediáticas que se realizaron desde este Rectorado, lo cual demuestra un trabajo en desmedro de la propia institución, siento la obligación de comunicarle que en situaciones similares, sin recurrir a los canales necesarios de comunicación internos, se procederá al cambio de puestos de trabajo de los agentes”.
La nota agregaba que “una construcción colectiva implica un compromiso responsable de muchos, prácticas difamatorias atentan en sí sobre el propio trabajo y sobre los propios agentes”.
Cuatro trabajadores del Área de Mantenimiento y Limpieza del Rectorado respondieron, primero en forma verbal ante funcionarios de menor rango y luego con otra misiva a la rectora, rechazando la notificación oficial. “Los empleados sufrieron un apercibimiento arbitrario porque no hicieron ni dijeron nada; pero si hubieran cometido una falta, lo que corresponde es la instrucción de un sumario administrativo y si, en cambio, hubieran expresado críticas a través de los medios, tampoco se trataría de la violación de ninguna normativa, sino que estarían ejerciendo su derecho de libertad de expresión”, explicó el abogado que asesoró a los trabajadores.
Fuente: El Diario
