De ese modo, el Vicepresidente de la Bicameral de Seguimiento de la UADER y Presidente de la comisión de Legislación General de se refirió al dictamen aprobado por el Consejo Superior de la Universidad indicando que dijo, y resaltó que «en caso contrario quedaría expedita la vía del reclamo judicial saliendo siempre perjudicada la provincia, que es quien debe pagar estos errores».
En una nota enviada a DIARIOJUNIO en la que se reproduce un diálogo con APF Cresto sostuvo que «mi análisis respecto del dictamen se baso en el control de legalidad y constitucionalidad del acuerdo firmado, de manera objetiva». Al respecto resaltó que «si tenemos en cuenta que la Uader nació por una ley de la legislatura que resguarda los derechos de los docentes transferidos, y si vemos la autonomía que tiene la provincia de
Entre Ríos para crear sus propias universidades y dictar su normativa concursal, mas los derechos adquiridos de los docentes que están preservados por la constitución, vemos que conforman un encuadre legal que supera en rango jurídico a la aplicación del artículo 51 de la ley de Enseñanza Superior que quieren aplicar los alumnos por analogía, la cual prevé los concursos abiertos para los docentes» explicó Cresto.
Al respecto el legislador destacó que «por otro lado existe la denominada norma de estabilidad que también esta resguardada en la carta magna, y que es uno de los movilizadores para respetar los derechos adquiridos de los docentes transferidos que están desde hace varios años al frente de las aulas».
Ante la consulta de esta Agencia Cresto reconoció que «además hay jurisprudencia existente en el caso denominado “Ballesteros Luis y otros contra la Uader sobre acción de amparo”, el cual es coherente con la determinación del dictamen y sirve de marco para proteger los intereses de la provincia, ya que si hacemos hincapié en lo pretendido por la minoría de abrir los concursos vulneraríamos todos estos principios y dejaríamos
abierta la posibilidad, incluso con un fallo en contra, para que todos los docentes transferidos presenten amparos y juicios».
Por último el diputado resaltó que «en base a este análisis comprendemos que la determinación del Consejo esta mas allá de cualquier tipo de interés, controversias, conflictos y demás, porque si vulneramos cuestiones jurídicas como la supremacía de algunas leyes sobre otras o no observamos los mandatos constitucionales, dejaríamos expedita la vía del reclamo judicial donde siempre saldrá perdiendo la provincia, que es quien debe pagar estos errores» concluyó.
