La planificación del turismo en términos de desarrollo, activación del patrimonio e inclusión, no es frecuente en nuestro medio (catalogar ejemplos puede ser tedioso). Para abordar la temática, un proceso de análisis podría comenzar con desterrar el concepto que exalta al empresario como actor principal.
Cuando los primeros viajeros movilizados por un interés comercial iniciaron sus aventuras lejos de su residencia, el impacto cultural o ambiental de su presencia en otros territorios no significaba una amenaza considerable. Las originales experiencias de encuentro con otros, salvo aquellas que las batallas o guerras pudieren originar, se desarrollaban en situaciones de reconocimiento y curiosidad. El interés por otra cultura -su patrimonio- despertó el fenómeno social que hoy se conoce como ‘turismo’ y que alcanzó dimensiones planetarias en la posguerra. Si bien los viajes que tuvieron su origen en conquistas, guerras y la investigación científica fueron motivadores de desplazamientos importantes en términos de dinero y número de gente, el hecho turístico, objeto de los actuales estudios, despertó como tal cuando el ocio y el consumo estrecharon filas en un frente común.
Si se lo plantean, las comunidades con patrimonio potencial –es decir, susceptibles de alcanzar el status de ‘atractivo’ o ‘producto turístico’- pueden resignificar sus bienes culturales y otorgarles utilidad como recurso a desarrollar en un escenario de comercialización. A tono con esta mirada, asistimos a las más variadas estrategias en manos del Estado nacional y provincial con la elogiable aspiración de favorecer el flujo de dinero hacia pequeñas localidades y destinos consolidados. Es así que los planes estratégicos, planes maestros, programas de incentivo y demás estímulos, son instrumentados para entusiasmar a residentes, microemprendedores e inversores en las oportunidades que puedan devenir de la actividad turística de una región. Pero, planteado de esta manera, sin considerar las dimensiones sociales propias de toda la comunidad, y la complejidad que implica la comercialización con segmentos medios-altos de visitantes, el resultado lógicamente será un aumento en la brecha con aquellos sectores menos capacitados y más pobres, ya que generalmente no son participados ni contenidos en el negocio.
Señalemos que territorios postergados del país son el asiento de bienes culturales con potencial turístico, por ejemplo, comunidades de campesinos, pueblos del altiplano, sitios con cultura gauchesca, rutas alimentarias-productivas, zonas de pesca, pequeños pueblos, barrios, pueblos-fábrica (minas, frigoríficos)… Dicho esto, insistamos en la afirmación de que el turismo tiene su razón de ser cuando el primer beneficiario es el residente. Por sobre cualquier interés, es imperioso que la comunidad local en su conjunto sea quien determine el ‘qué’ y el ‘cómo’ de un escenario de explotación de recursos para uso turístico y, por qué no, si realmente existe consenso para ser un destino.
El turista es un consumidor de patrimonio, cultural o natural. Los bienes patrimoniales con los que cuenta la comunidad son los que motivan el viaje del turista. Estos bienes patrimoniales, en la mayoría de los casos, son de dominio público: cataratas, pirámides, montañas, yacimientos arqueológicos, vestigios de una batalla, palacios, ruinas, fábricas, yacimientos mineros, calles, árboles, bosques, música, comidas, costumbres, relatos, personajes, fiestas, eventos deportivos… Todo es susceptible de ser ‘producido’ y ‘vendido’. La comunidad, gobierno mediante, determina el marco legal para su disfrute y/o usufructo. La política, asociada a las normas que pueda emerger para la utilización del patrimonio, debería estar por encima de los intereses sectoriales y aplicarse con rigor, ya que se presume que la norma es lo suficientemente idónea y respetuosa del bien común. El Estado, como custodio responsable del patrimonio, debería anticipar los intereses de la comunidad ante el hecho turístico y sus efectos negativos: impacto ambiental, explotación laboral, desinversión, perjuicio cultural.
De esta manera, salvaguardando los intereses de la comunidad, es que el consumo turístico en una ciudad o región podrá ser un factor de crecimiento social y económico, incluyendo a los sectores más carenciados en esta actividad basada en la prestación de servicios. Cuando los grandes capitales hacen pie y dominan el territorio, bajo la forma de grandes hoteles, cadenas de restaurantes, parques recreativos, concesiones estatales, los perjudicados son la mayoría de los residentes y los beneficiarios unos pocos, tal es el mandato del consumo de estos tiempos. Los primeros, al no participar de las ganancias ni el disfrute del atractivo y los segundos al beneficiarse por el lucro en pocas manos. En el afán de ‘logros’ y ‘resultados’ a corto plazo, el Estado muchas veces concede espacios y recursos patrimoniales a inversores, posicionándolos en el centro de la escena, con el consecuente perjuicio hacia los demás sectores interesados en el desarrollo sostenible de la actividad.
El rol del Estado debería ser central en la búsqueda del equilibrio en el escenario de la actividad turística. El bien común, la reducción de brechas sociales, el cuidado del medio ambiente, son dimensiones propias del turismo entendido como factor de desarrollo local. Es urgente que las comunidades se interesen en su patrimonio, mediante la toma de conciencia y de posición. En este punto, nuevamente el Estado debería promover el debate y la reflexión, brindar asistencia para la creación de espacios de estudio técnico y activación de bienes patrimoniales, a los efectos de su preservación y/o utilización turística.
Claro está que el interés de visitar una ciudad, por sus cualidades para la recreación y el descanso, está íntimamente relacionado con el bienestar de quienes la habitan. Nadie desea visitar lugares en el que estaría obligado a convivir durante su estancia con residentes molestos, hostiles o atravesando penurias. La construcción de la ciudad turística implica al residente como actor fundamental y primer promotor de la ‘empresa’. Cuando el residente asume su identidad a partir de la relación con el patrimonio, el que puede ser utilizado para el consumo del turista, será el mejor capital inicial del negocio turístico de una comunidad. Y si a este enfoque se incluye a los sectores más postergados, el atractivo potenciará su valor generando actores involucrados en el desarrollo y sostenibilidad de la actividad, sean estos prestadores de servicios o beneficiarios indirectos del reparto de ganancias.
Armonizar el conjunto de actores del fenómeno del turismo (comunidad, turistas, Estado, prestadores) será el desafío del poder político. Ser ‘sostenibles’ explica en esa sola palabra que el turismo es una construcción a largo plazo. El premio del turismo como política de Estado será el bienestar de la comunidad, no el éxito del colectivo de empresarios.
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