En este contexto, tal vez la verdadera pregunta sea si la decisión del miércoles fue justificada antes que su efecto concreto. Como en tantas cosas, lo perfecto es enemigo de lo bueno cuando se trata de elecciones. Ninguna elección es perfecta y el voto de Tucumán del mes pasado fue más imperfecto que la mayoría. El sólo hecho de que 62 urnas (dos tercios de ellas literalmente destruidas) del total de 3601 faltaran en el recuento final es ya una irregularidad grave, y había otras.
Se presta poca atención a la diferencia entre el apoyo de 54,42 por ciento a Juan Manzur computado en el recuento provisional y el 51,64 por ciento en el definitivo, pero este 2,78 por ciento de distancia, si bien es una mera fracción de los 12 puntos de ventaja del candidato peronista sobre el de la UCR, podría ser absolutamente decisivo para definir si hay una segunda vuelta a nivel nacional. Sin embargo, cuanto más graves son los defectos del sistema electoral de Tucumán (en especial, la multiplicidad de listas, un abuso también explotado por la oposición), menos sentido tiene repetir el comicio.
Más allá de detalles, hay razones básicas, tanto de principios como prácticas para rechazar interferencia judicial en las elecciones. Las elecciones son infinitamente más importantes que los partidos de fútbol (aunque algunos puedan pensar de otra manera), pero ambos tienen en común que se convierten en disfuncionales si sus resultados son resueltos por los tribunales. Sobre todo, el voto del pueblo es la base fundamental de la democracia.
