Los destinatarios son Alberto Lebbos, padre de Paulina, la fiscal Adriana Gianonni y el secretario de Seguridad, Paul Hofer, todos vinculados con las investigaciones a la Policía.
Gianonni, titular de la fiscalía VIII, investiga una presunta sedición de policías antes y durante los saqueos de diciembre en Tucumán, denuncia que fue impulsada por los funcionarios de seguridad, entre ellos el secretario Hofer.
Lebbos, por su parte, lleva adelante denuncias contra la Policía por encubrimiento en la investigación del crimen de su hija, y hace unas semanas fueron condenados tres ex integrantes de la fuerza en un juicio en el que también estuvieron involucrados ex jefes de la repartición.
Lebbos se presentó ante la fiscala de Feria, María de las Mercedes Carrizo y radicó la denuncia y aclaró que «no es la primera amenaza que recibo pero no vamos a parar hasta que se sepa quién mató a mi hija y quiénes encubrieron el crimen», advirtió.
Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006 y su cuerpo fue hallado el 11 de marzo de ese año en un barranco ubicado al costado de la ruta 341, en Tapia, aunque habría sido estrangulada el día de su desaparición.
Actualmente hay dos personas detenidas al ser considerados sospechosos de cometer el crimen.
Las amenazas también fueron realizadas a periodistas del diario local La Gaceta, según publica el matutino en su edición de hoy.
Luego de conocerse las amenazas, el gobierno provincial emitió un comunicado en el que sostiene que «no se permitirá que esto suceda impunemente».
«La situación está siendo investigada y desde el Poder Ejecutivo se pone a disposición todo lo que sea necesario para llegar a los responsables», agrega el comunicado.
«El Gobierno de Tucumán se solidariza con quienes han recibido las amenazas, y repudia cualquier acto de presión y extorsión hacia cualquier ciudadano», añadió el escrito.
