Ayer y según la agencia DyN la posición mayoritaria fue que «si en los 15 días posteriores a la medida de fuerza que vienen realizando las entidades del sector no hay una solución concreta para los problemas que aquejan a los trigueros estarían de acuerdo en llevar adelante una segunda etapa de esta protesta, que consista en hacer pagos en especies ante la AFIP, los bancos y los proveedores del rubro».
El presidente de CRA, Mario Llambías, fue mucho más duro en su discurso y dijo que no le cree «un pito» al ministro de Agricultura, Julián Domínguez. «Lo buscábamos desde junio, nos atendió recién en diciembre y no nos dio soluciones», indicó.
POSICIONES
Para las entidades rurales, «la política oficial hace que el productor tenga serias dificultades en la comercialización de su producción y reciba un precio sensiblemente menor, lo que repercute en las economías regionales perjudicando y empobreciendo a la producción, sin beneficio alguno para los consumidores».
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aseguró que la producción triguera está en camino de volver a niveles récord, justificó el reclamo del productor respecto de los precios y dijo que quiere «ser parte de la solución» del conflicto del sector.
«Yo me he propuesto ser parte de la solución de este paro y no del problema y cualquier declaración que uno haga puede enredar las cosas», afirmó el martes el funcionario y aseguró: «Reconocemos el problema que denuncia (Omar) Barcheta (vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina), porque el productor no recibe el precio del FAS teórico que tiene que recibir».
Sin embargo, Domínguez sostuvo que «no se entiende el sentido de esta protesta» porque «el cese de comercialización perjudica al productor que necesita vender» sus granos.
DATOS E HISTORIA BREVE
Hoy se conoce que la cosecha de trigo en todo el país rozó las 15 millones de toneladas. Con este dato, al que se le puede agregar que en Entre Ríos es la mayor producción de la historia, es imposible olvidarse cuando en el año 2008, De Angeli aseguraba que en los años 2010 y 2011 íbamos a tener que importar trigo. Esos dichos no eran ingenuos apostaban a asustar a la población y a lograr que el pueblo apoye a esa horda que él dirigía y que cortó rutas, desabasteció al país y produjo una escalada de inflación, con el único propósito de ganar más dinero.
DATOS UTILES
El pasado domingo el periodista Horacio Verbitsky aportaba estos datos utiles.
El 92 por ciento de los productores, es decir unos 27.000, son responsables de algo más de la mitad de la cosecha. La otra mitad está en manos del 8 por ciento restante, unos dos mil productores. Es obvio el mayor poder negociador de este último grupo. Tres molinos (Cañuelas, Lagomarsino y Cargill) compran el 30 por ciento del trigo para harina; los otros 160 molinos, que manejan el 70 por ciento restante son empresas familiares y/o pymes. Las diez grandes traders comercializan nueve de cada diez toneladas (también aquí Cargill, más Bunge, ADM, Dreyfus, ACA, Toepfer, Oleaginosas Moreno, Nidera, Aceitera General Deheza y Noble), mientras otras treinta y tres se disputan la tonelada restante. Además, molinos y exportadores pactaron acuerdos de los que la Mesa de Enlace se negó a participar y que consistieron en deprimir los precios que reciben los productores más débiles. Otro actor que cincha del mismo lado de la soga es el sector de acopiadores, que embolsa la diferencia entre el precio reducido al que liquidan las operaciones con los pequeños productores y el pleno que le pagan molinos y exportadoras. Esta cartelización de los actores principales, que se reparten los cupos, es un dato histórico, que la Sociedad Rural recién denuncia ahora, porque hay un Estado presente. En otros países los gobiernos difunden cuál es el costo de producción, al que le suman un porcentaje de rentabilidad. En la Argentina, en cambio, se publica el valor en el mercado internacional, que es un arma en defensa del productor. La respuesta de la Sociedad Rural a esta situación compleja que requiere mejorar las herramientas de fiscalización con que cuenta el Estado, consiste en suprimir las pocas que hoy existen. Si su aspiración se concretara no sólo sufriría el consumo interno, también se acentuaría la desigualdad entre los grandes y los pequeños productores. Por el contrario, el Estado exige la documentación completa sobre las circunstancias de cada operación, lo que incluye el pago de impuestos, como condición para el cobro del llamado precio pleno. La solución propuesta por Biolcati bajaría aún más los precios que recibe el productor, ya que se duplicaría la oferta, de 7 a 14 millones de toneladas, frente a una demanda muy concentrada. Y al mismo tiempo aumentarían los alimentos, porque las comercializadoras impondrían al mercado interno el precio internacional.
