Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y en la causa interviene la Fiscalía de Primera Instancia de esa ciudad, a cargo de Josefina Minatta.
Las víctimas, todas oriundas de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, se encontraban en un predio con cuatro carpas precarias, confeccionadas con lonas sostenidas por palos y machimbres. El lugar no contaba con baños ni espacio para higienizarse, tampoco con energía eléctrica, agua potable ni elementos de primeros auxilios. EN Un sector de una de las carpas qUE era utilizado como “cocina”, había troncos y maderas para hacer fuego.
Por otro lado, en inmediaciones de las carpas se encontraron nueve machetes, tres motosierras, seis hachas y dos palas. Más alejado, dos camiones Mercedez Benz, dos acoplados, una máquina marca Fiat utilizada para levantar postes de gran dimensión y peso y un tanque cisterna, todo ellos sin medidas de seguridad.
Al momento de la identificación, dos de los trabajadores manifestaron que el capataz, individualizado como J.M.M., tenía retenidos sus documentos nacionales de identidad sin motivo alguno.
En tanto, en otro allanamiento realizado en el aserradero “Capitán Rojas” se constató la situación de otros 17 trabajadores. En los operativos participaron profesionales del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata de Personas y del Ministerio de Trabajo de la provincia de Entre Ríos.
La causa
La investigación se inició el 31 de agosto, a raíz de la denuncia de un trabajador ante el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos de la Gendarmería Nacional Concordia. En esa oportunidad, el hombre detalló que junto a otras nueve personas se encontraban trabajando “de sol a sol” en un campo dedicado al raleo de eucalipto en condiciones infrahumanas: sin baños, ni electricidad, bajo carpas de nylon y sin acceso a agua potable.
Además, señaló que el pago acordado con el capataz era de $ 200 la hora o $ 65 por poste de trabajos como raleo, desmonte, pelado de eucalipto y traslado de maderas, sin embargo, explicó que nunca percibieron suma alguna y que les informaron que, cuando cobraran, les descontarían la mercadería consumida en el lugar.
Por otra parte, el denunciante agregó que el capataz contaba con armas de fuego, las cuales utilizaba para efectuar disparos al aire y amenazaba con despedirlos si ellos planteaban la posibilidad de tener algún descanso.
