El rechazo popular contra Rosselló estalló a mediados de julio, después de que se filtraran 889 páginas de su conversación privada de Telegram, donde el propio gobernador y sus más cercanos colaboradores de la Administración intercambiaban mensajes con contenido violento, misógino y homófobo, así como burlas sobre periodistas, activistas y políticos.
Este hecho se suma a la crisis económica y política que afronta la isla ante las acusaciones de corrupción en el Gobierno por presuntos desvíos de recursos destinados a sectores como la educación y la salud.
Roselló en un principio guardaba silencio, pero después de varios días de protesta anunció su renuncia a su partido y a la posibilidad de postularse a una reelección.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr), Edgardo Hernández, había explicado días antes que existían bases jurídicas para que la Cámara de Representantes inicie un juicio político que lo destituyera.
