En la Resolución 58/2022 publicada en el Boletín Oficial se estableció que «cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional (…) deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios».
Desde agosto pasado, miles de empleados estatales habían retornado a sus puestos de trabajo bajo un esquema mixto, que combinó tareas remotas y «presencialidad programada».
Con el avance de la vacunación y el descenso de los contagios por covid-19, la mayoría de los empleados estarían en condiciones de regresar mientras que el Gobierno anunció que seguirán «exceptuadas» las personas que acrediten documentación médica por pertenecer a grupos de riesgos.
«Solamente siguen trabajando de manera remota aquellas personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, una comorbilidad, que establece muy claramente los incisos 5 y 6 de la última resolución de Salud, una situación que impide, con acreditación de certificado médico, la asistencia presencial», explicó en su momento la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.
Las exceptuadas son las personas con inmunodeficiencias congénita, asplenia funcional o anatómica, anemia drepanocítica y desnutrición grave, con VIH (dependiendo del status) y los pacientes que tomen medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis.
En este grupo también figuran los pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento y los trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.
Además, según los parámetros del Ministerio de Salud, «aquellos trabajadores que tengan diagnóstico de covid-19, que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta».
