En el un comunicado, que reproduce el diario Uno de Paraná, el Arzobispado señala que «ante la intervención de la Justicia de Instrucción de Entre Ríos en el caso del sacerdote Justo José Ilarraz queremos transmitir un mensaje claro a la comunidad: El Arzobispado de Paraná colaborará con el Tribunal competente en todo lo que esté a su alcance para el completo esclarecimiento de los hechos. Reiteramos la firme determinación y compromiso con la búsqueda de la verdad y la aplicación de las sanciones legales que en su caso correspondan, conforme al derecho común aplicable».
«Cuando en el año 1995, por la declaración de personas afectadas, se tomó conocimiento de los hechos, el Arzobispado de Paraná procedió a realizar una investigación. Ponemos a disposición de la Justicia dicha investigación, con el necesario respeto a los derechos, garantías y a la voluntad de las víctimas y familiares afectados», continúa el texto.
«Cumpliendo expresas directivas generales de S.S. Benedicto XVI en el trato de estos gravísimos y dolorosos hechos, el Arzobispado, en el transcurso del año 2011, por propia iniciativa, antes que cualquier denuncia periodística, pidió instrucciones a la Santa Sede para lograr una solución definitiva y en procura de la justicia», prosigue la misiva.
El comunicado además expresa que «a raíz de la actuación eclesial del Arzobispado de Paraná y del Obispado de Concepción del Tucumán, a partir del 7 de septiembre pasado, se ha apartado del ejercicio del ministerio al sacerdote involucrado», y que «mientras actúe la Justicia, mantendremos una actitud de respeto prudente, colaborando en la sustanciación de la causa».
El Arzobispado sostiene que «reiteramos nuestro profundo dolor y repudio por los gravísimos sucesos, tal como fue expresado en el comunicado del 13 de septiembre. Acompañamos a las víctimas y a sus familias y nos ponemos a su disposición. Con esperanza nos unimos en oración, pidiendo a Dios el logro de la verdad y la justicia, y la sanación de las heridas ocasionadas».
