No obstante, Valiero informó que según este mismo informe, la administración tiene un componente relevante en la cuestión del control interno que es el sistema de administración y control presupuestario, “sobre el cual no existe ninguna crítica sino que se destaca su mejoramiento”, subrayó.
Refutó luego otro punto esgrimido en el diagnóstico sobre la falta de control en la Contaduría General por falta de personal. “No sé de dónde sacaron toda la información ni como se hizo el relevamiento. Pero en la Contaduría existe un reglamento donde está totalmente especificado el accionar de los contadores auditores”, aseguró.
Luego subrayó que el tema de régimen de contrataciones de la provincia fue otro de los aspectos que el informe destaca como positivo, pero que sin embargo no fueron consignados por los medios de prensa.
Concluyó el ministro que el informe “refleja una realidad parcial” y que le “faltan muchas cosas”, aunque indicó que debe tomarse como un punto de partida.
“Debemos tomarlo (al informe) no con el sentido de criticarlo, sino de ver qué nos dice el análisis. Si hay cosas que no son correctas debemos aclararlas, aunque también tenemos que tomar en cuenta los aspectos que desde afuera nos marcan para tratar de mejorarlas. Pero yo quiero decirle a la comunidad que en la provincia existen los controles y funcionan”, completó Valiero.
Conceptos de Mizawak
Por su parte, la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, comentó que “intercambiamos opiniones con todo el gabinete ampliado sobre el seminario desarrollado el jueves pasado en el Hotel Mayorazgo para mostrar que aquel informe-diagnóstico realizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que pretendía trabajar sobre un modelo ideal marcando fortalezas y debilidades de los sistemas normativos en cuanto a prevención, tenía algunos errores producto de la falta de conocimiento de las prácticas en determinados organismos del Estado. Por eso es que es imprescindible que para validar aquel informe-diagnóstico se hable con todos y cada uno de los funcionarios para ver en qué etapa estamos, en qué mejoramos y en qué estamos bien”.
Proyecto de ley de ética pública
Por su parte, el titular de la Oficina Anticorrupción de la provincia, Luis Pedemonte, dijo que “coincidimos con la UNL y la Oficina Anticorrupción de la Nación, en que tenemos en el Estado provincial y en la actual gestión más fortaleza que debilidades porque hay una decisión política e institucional de encarar la lucha contra la corrupción como política de Estado y haciendo especial hincapié en la prevención. No tenemos que tener ningún prurito en destacarlo por más que se trate de un elogio a una gestión porque estamos hablando de políticas de transparencia y en esa materia tenemos el deber moral de reconocer cuando existe voluntad política de avanzar en mejorar la calidad institucional”, remarcó.
“Como balance del seminario, e incluso coincidieron los expertos de la UNL y de la Oficina Anticorrupción de la Nación, ésta decisión política e institucional de todos los organismos del Estado de avanzar en procesos de transparencia es destacada como una fortaleza de esta gestión”, sostuvo.
Con respecto al proyecto de ley de ética pública, el funcionario informó que “el proceso sigue abierto hasta el 30 de septiembre, estamos recibiendo aportes de los distintos organismos del Estado y de la sociedad civil, y esperamos remitirlo antes de fin de año al Poder Ejecutivo provincial”.
