Tres años y 10 meses después -el 29 de diciembre de 2015- el Tribunal Oral Federal Nro. 2 condenó a Claudio Cirigliano, a los ex Secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y a otros 18 acusados. Los jueces además ordenaron que se investigue la responsabilidad del ex Ministro de Planificación y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio De Vido.
Contra ese fallo los defensores de los condenados, el fiscal y dos querellas unificadas interpusieron un recurso de casación. Desde hace 14 meses la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal mantiene frenada la causa. El fiscal ante ese tribunal, Raúl Pleé, dictaminó a favor de confirmar las condenas, pero Casación tiene la causa a estudio y aún no se expidió. En su dictamen de 450 carillas, Pleé opinó que debía elevarse la pena de 6 años de prisión impuesta a Ricardo Jaime por considerar que debe ser condenado también por estrago culposo agravado, delito por el que fue absuelto en el juicio oral. Asimismo, el fiscal sostuvo que las penas superiores a los tres años de prisión deben comenzar a cumplirse en forma efectiva apenas sean confirmadas por la Casación porque no hay motivos para dilatarlas.
Sin embargo, el máximo tribunal del país aún no resolvió si va a confirmar o no las condenas. La Sala III está presidida por el juez Juan Carlos Gemignani, quien fue ayudante en la cátedra de Eugenio Raúl Zaffaroni en la Universidad de Buenos Aires, propuesto para integrar esta Cámara por Cristina Fernández de Kirchner y su pliego fue aprobado por el Senado en septiembre de 2011. El vicepresidente de esta Sala es Eduardo Rafael Riggi, que hizo sus primeros pasos en la Justicia en la Cámara Federal en lo Penal, un tribunal creado por el ex Presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse y nombrado juez en 1978 por el dictador Jorge Rafael Videla.
Pasaron 5 años y 5 meses, 1987 días desde aquella mañana en que se apagaron 51 vidas en la estación de trenes de Once. Sin embargo, no hay nadie preso por esta causa y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal demora su decisión. Mientras tanto los familiares de las víctimas siguen clamando Justicia.
