EN SAN PEDRO (BUENOS AIRES)
La empresa Nidera explotaba el trabajo esclavo de adultos y niños traídos desde provincias del norte. Los alojaba en trailers de chapa, en los que dormían hacinados de a veinte. La jornada laboral era de diez horas incluido el día de Navidad, bajo el rayo del sol, sin luz, sin agua potable salvo la que recibían en baldes. No podían salir de los límites de la propiedad en la que trabajaban ni conocían cuál sería su remuneración. La paga se difería para el último día del contrato informal, ya que no estaba registrado. Mientras, les descontaban todo lo que consumían a precios tan exorbitantes que nunca tenían un saldo favorable para cobrar. Les anotaban 80 pesos por una bolsa de papas, 65 por una de cebollas, 54 por un pollo, 17 por un atado de cigarrillos, ocho por un kilo de pan viejo y dos por recargar la batería del celular. También se hallaron fideos con la leyenda del ministerio de Desarrollo Social. Por un paquete, cuya venta está prohibida, los esclavos debían pagar 35 pesos. La crónica pertenece a una nota firmada por Horacio Verbitsky.
Allá como aquí, el reclutamiento de personas muy humildes se hizo en Santiago del Estero, con la promesa de trabajar en la cosecha del maíz en Buenos Aires “en la mejor empresa”, en condiciones laborales apropiadas y un buen salario.
EN CONCORDIA (CALABACILLA)
DIARIOJUNIO publicó el 11 de noviembre que una delegación de la policía de Concordia junto al delegado de Derechos Humanos inspeccionaron la quinta “Mc Berry” en la localidad de Calabacilla donde localizaron más de 200 trabajadores empleados por una tercerizada SAFyC S.A. que no aparece en el listado de 52 empresas de servicio inscriptas en la delegación de trabajo. En ese establecimiento con grandes galpones se observaron más de 200 camas cuchetas y varios trabajadores denunciaron hechos más propios del siglo pasado. Así por ejemplo, hay almacenes que les venden jugos Tang (caja de 14 sobres) a $ 50.- contra los $ 15 que se consiguen en la ciudad ; jabón blanco a $ 6.- en la ciudad cuesta $ 3.- o el rollo de papel higiénico que lo venden a $ 6 contra los $ 4.- de aquí (en pack de 4). Trabajan desde las 6,30 hs hasta las 12 y de 13 a 17,30 hs por un jornal de $ 60 (les habían prometido entre $ 80 y $ 90) y deben pagar $ 12 por día de comida. Uno de esos trabajadores de San Carlos Corrientes, de nombre Silvio, denunció que el encargado del galpón, Marcelo Leonardi (dueño de los almacenes) les dijo que recién le pagarán al final de la cosecha “para que no nos gastemos la plata en vino”. Otro chico de 18 años, Armando, de Misiones hace días que está enfermo y sin atención médica. Otros 3 jóvenes de 18 años de Apóstoles aseguraron que se quieren ir pero no pueden porque no les pagarán hasta el final de la zafra. Un dato que vale destacar es que, entre las “tercerizadas” (contra las que el gobierno nacional asegura luchar), aparecen nombres conocidos por ser dueños o prestanombres de empresas citrícolas que podrían contratar personal en forma directa. Se trata de sociedades anónimas con domicilio en Buenos Aires como el caso de Blueberries o los casos de Rousseau y Sacoman a los que este diario ya ha mencionado como integrantes de la sociedad propietaria de COCICO SA., que, el juez de Salto (ROU) vincula con el narcotraficante colombiano detenido en (Salto) Uruguay con un importante cargamento de cocaína. Llamativamente también las que aparecen con mayor cantidad de trabajadores son SRL. En fin, nada que no haga sospechar un intento por disfrazar la situación laboral.
LOS FISCALES ; JUECES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE ALLA
Al verificar la gravísima situación en que se encontraban los trabajadores, un fiscal de allá (no de acá), Rubén Darío Giagnorio, inició actuaciones por reducción a la servidumbre y malversación de caudales públicos. En cambio no tiene competencia para investigar el delito de trata de personas.
El miércoles 22 de diciembre (2010) el fiscal solicitó una orden de allanamiento a la titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de San Nicolás, pero la jueza María Laura Vázquez se la negó. Ante la negativa judicial comunicó su presunción a los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del ministerio de Justicia de la Nación. El ministerio de Trabajo de la Provincia tiene el poder de policía en estos casos y el miércoles 29 se presentó para inspeccionar la situación detectada por el fiscal. Giagnorio participó como veedor.
Nidera deberá pagar 5000 pesos de multa por cada trabajador no registrado. Entre los detenidos están los ingenieros de Nidera Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, dos capataces y tres encargados de la distribución de alimentos. El fiscal les tomó declaración y los puso en libertad mientras continúa la investigación.
FISCALES Y JUECES DE AQUÍ
Las diferencias entre el accionar judicial de allá, son más que ostensibles con el de aquí.
Aquí no existió ningún fiscal del poder judicial entrerriano que detuviera a los responsables por “reducción a la servidumbre” ; tampoco jueces de menores que ordenaran inspecciones a las varias decenas de empresas tercerizadas que contratan y explotan a menores de 15 años. Por su parte, la justicia federal (con asiento en C. del Uruguay) a su vez, se lavó las manos luego de la presentación que realizó la delegación de la Policía Federal con asiento en Concordia.
Los fiscales no tienen la chance de no haberse enterado, Ponce, el defensor de menores dijo a este diario textualmente “A mi solamente me llegó un caso, de dos hermanos, fue el mes pasado, el 15 de noviembre (2010), me llegó un sumario de la policía Federal, dando cuenta de que se habían utilizado documentos falsos para esconder la identidad de los menores que se encontraban trabajando en el lugar. O sea, documentos que no correspondían a la identidad de los chicos. Los documentos, obvio, eran de personas mayores de edad. A partir de allí lo que se hizo fue poner en conocimiento a las autoridades pertinentes, esto es, el Consejo del Menor y la Fiscalía de turno para que investigue la posible comisión de un delito y en el caso del consejo, para que adopte las medidas de protección de los menores. Los chicos tenían entre 14 y 16 años”. Obviamente que le preguntamos si a su juicio había allí delitos a investigar y nos dijo que él creía que si.
Le preguntamos, ¿ A Ud le contaron estos chicos que estaban trabajando allí con una identidad cambiada ? a lo que respondió…
-No, en realidad, eso forma parte del sumario donde consta que utilizaban documentos de personas mayores de edad y que no correspondían a su identidad.
Y Ud. cree que esa situación puede configurar un delito ?
-Y sí, podría configurar un delito
Como aquí en Concordia las denuncias sobre trabajo en condiciones de esclavitud y la explotación de menores en las quitas de arándanos son de vieja data, le preguntamos al Defensor de menores, Ponce sí…
En años anteriores le llegó a Ud. alguna denuncia vinculada a menores trabajando?
-Años anteriores tengo el recuerdo que en el juzgado de familia Nº 2 a cargo de Rodolfo Jauregui, había un expediente que se había tramitado en razón de una denuncia formulada por la Dirección del Trabajo, donde se hicieron inspecciones conjuntamente con esa dirección, fue personal del Consejo del menor y se encontraron 6 chicos trabajando, en realidad hacinados en un galpón a la entrada de Concordia (zona plazoleta de Malvinas) y bueno se adoptaron las medidas de protección a los niños estos y a los que no eran de Concordia se los remitió a sus lugares de origen.
Qué edad tenían esos chicos ?
-Creo que entre 13, 14 y 17 años.
Y qué pasó finalmente con esa causa ?
-Bueno, esa causa…como yo no intervine en la misma ya que yo estaba como secretario en el juzgado de familia I, lo sé porque me lo mostró Jáuregui y tuve conocimiento además por charlas informales con los defensores.
Entonces pasó algo o, digamos, quedó todo ahí ?
-Sí, lo que pasa es que se adoptaron las medidas pertinente de protección de los menores y a los que eran de otras localidades se los remitió a su lugar de origen.
Para que no queden dudas acerca de la comisión de delitos, a Ponce le preguntamos también ¿Desde que edad los menores pueden trabajar con permiso de los padres ?
-Hasta los 15 años los menores no pueden trabajar. Recién a partir de los 16 años cumplidos, pueden trabajar pero con autorización de los padres. Con 15 años o menos no pueden trabajar ni siquiera con el consentimiento de los padres.
LAS SOCIEDADES INSCRIPTAS QUE LOGRO IDENTIFICAR DIARIOJUNIO
Entre las Sociedades inscriptas y registradas en trabajo, aparecen
-Terra Citrus SRL con un total de 409 trabajadores
-Rousseau y Sacoman SH (supuestos dueños de COCICO SA) 372 trabajadores
-Monte Pilone SRL emplea a un total de 293 personas
-Blueberries S.A. con domicilio en Capital Federal emplea a 61 obreros
-Citrus Los Naranjos SRL, 75 obreros
-Il Laboro SRL contabiliza 139 trabajadores
-Los Frutales SRL (cuyo dueño es el Coronel Catuzzi ex jefe del Regimiento 6), 31
-Citricola Apepu SRL tiene 36 obreros
-Meca SRL, 52 trabajadores
-Blueline Investments SA 16 trabajadores
-Don Leandro SRL, 1
-Servicio Agrícola Amanecer SRL 24 empleados
-Declam S.A., 8
-La Polvareda SRL 5
En total, estas sociedades agrupan a más de 1.400 trabajadores, lo que representa más de la mitad de los registrados legalmente.
EN CONCORDIA LA JUSTICIA NO VE NO SIENTE NO ESCUCHA
Menores detectados por la policía…
En el mes de noviembre la comisaría cuarta de Concordia cita a Margarita Flores y a su esposo Horacio al Hogar de Menores de Chajari, pues allí se encontraba su hijo Mauricio, menor de 15 años al que detectaron trabajando en una quinta. Por la misma fecha y al mismo lugar son citados los padres de Nahuel, (Sandra Galvez y el esposo Marcelo) otro menor al que la policía localizó en otra quinta a la que fue llevado contrariando la ley y que podría inscribirse en la figura de trata de personas.
Por su parte en el Sumario Nº 60/10 la policía detecta a otros dos menores, Carlos Leonardo (DNI 38 mill) y Cintia Cecilia (DNI 39 mill) y a los contratistas a los que ese sumario sindica como “Imputados” y que se trata de José Ariel Zarate, mencionando el domicilio del acusado.
Menores y Cambios de identidad
Funcionarios del Consejo del Niño, entre ellos el responsable en Concordia, Fernando Rouger, constataron el 10 de noviembre (junto a la dirección del trabajo),que en el establecimiento Nice Berry ubicada a la altura del kilómetro 264 de la Ruta 14 (Colonia Roca) había un menor de 14 años oriundo de la localidad de Loreto Santiago del Estero quien declaró que “me hacen trabajar con el nombre falso de Luís Barraza”. El niño se llama William Nelson.
También a otro chico de 15 años de nombre Sebastián y oriundo de La Criolla (departamento Concordia) a quien hacían trabajar con un nombre falso para impedir su detección por parte de las autoridades de control. Este niño está en 8vo. Año y contó que abandonó la escuela (Salto Grande de la Criolla) para ir a trabajar con el nombre falso de Cardozo.
En ese mismo lugar encontraron a otros dos menores aunque de (16 y 17 años) de Paso de los Libres Corrientes. Ambos declaran que los hacían trabajar con identidades cambiadas, Juan Manuel García y Miguel Angel Ruiz Diaz respectivamente.
El acta a la que accedió DIARIOJUNIO, señala claramente que esta situación fue comunicada a las autoridades policiales y judiciales y las fuerzas federales.
En el mismo operativo detectan a otros dos chicos santiagueños de 16 años que trabajaban en la empresa de servicios “Citrus los Naranjos”, en rigor, una SRL subcontratada por los dueños de esa quinta para que les proporcione trabajadores, especialmente menores a los que traen engañados de distintas provincias y de la zona.
En tanto, el día 12 de ese mismo mes en el establecimiento “Azul del Litoral” de Concordia, se detectaron a dos niñas de 14 y 15 años cuyos documentos de identidad (39 y 38 millones) delatan su edad y por tanto su imposibilidad legal de trabajar.
CONSEJO DEL MENOR
El titular de ese organismo en Concordia, Rouger y según la documentación a la que pudo acceder DIARIOJUNIO tiene prolífica documentación para aportar a la justicia si esta estuviera mínimamente interesada en hacer cumplir la ley.
Por ejemplo, en una carta que Rouger (que es abogado) le envía al titular del ministerio de trabajo de la nación (que habla mucho y hace poco) le informa que “se han detectado menores de edad trabajando en la cosecha de arándanos, los mismos se encuentran en un estado de abandono total”.
También le cuenta que a esos menores le hacían ocultar “su identidad, haciéndolos pasar por mayores de edad” e incluso le informa el nombre y el domicilio del denunciado.
El mismo Rouger en una carta enviada a la titular de la subsecretaría de la niñez de Santiago del Estero, Lorena Cily, le hace saber el nombre de los menores de 15 años que encontraron “trabajando en una plantación de arándanos Niceberry, en completa infracción con la ley de trabajo, convenios colectivos y leyes de protección de menores como así también Convenios internacionales de raigambre constitucional”.
Con todos estos datos, con toda esta prolífica documentación y con lo que está ocurriendo en la localidad de San Pedro (Buenos Aires), los fiscales concordienses Gustavo Castillo (Nº 4) ; Anibal Lafourcade (Nº5) ; Fabio Zabaleta (Aux Nº 1) ; María José Fonseca (Aux Nº2) ; Marina Elma Fournier (Aux Nº3) y Germán Dri (Sup del Aux Nº4), le deben una explicación a la sociedad. También los dos jueces de menores, Rodolfo Jáuregui y Raúl Tomaselli. Y, obviamente, el juez Federal de C. del Uruguay, Gustavo Pimentel quien debería determinar si no existió el delito federal de “trata de personas”.
