La nota textual de Alejandro Bercovich
En el departamento de Atamisqui, donde viven unas 9 mil personas, más de 2 mil (el 90% de la población en edad activa) trabajan como empleados golondrina de las cerealeras y semilleras. En los 20 días que dura el desflorado de maíz, si se someten a las estrictas normas disciplinarias que imponen las compañías, los peones logran reunir cerca de $2.000 cada uno. Perderlos implica un golpe durísimo para sus ingresos.
A raíz del revuelo mediático que desató el hallazgo por parte de la Justicia de trabajadores reducidos a la servidumbre en plantas procesadoras de cereales, las multinacionales del sector se apuraron a desmontar parcialmente sus estructuras productivas en la pampa húmeda y a devolver a sus ciudades de origen a una parte de los empleados golondrina con los que realizan el desflorado de maíz y otras actividades.
Aunque para muchos obreros del campo la difusión del caso Nidera sirvió para mejorar las condiciones inhumanas bajo las cuales cumplían tareas, varios centenares de ellos fueron devueltos a sus hogares sin paga alguna y bajo amenazas para que no informen a las autoridades sobre su situación. Así lo denunciaron ante BAE referentes de comunidades indígenas de Santiago del Estero, de donde proviene la mayoría del personal.
«Quieren hacer desaparecer toda huella de explotación laboral y por eso están desmantelando casillas y reenviando hacia acá a la gente desde campos situados en la provincia de Santa Fe, donde podría llegar a realizarse alguna inspección», informó a este diario el referente de la Unión Solidaria de Comunidades, Reinaldo Ledesma, un sociólogo santiagueño que vive hace 20 años en Villa Atamisqui, unos 120 kilómetros al sur de la capital provincial.
Según Ledesma, la movida encierra «una acción encubierta de despidos masivos» por parte de las multis del sector, temerosas de nuevas inspecciones que pongan al descubierto las flagrantes violaciones de los derechos laborales que ejercen. Aunque son “liberados” del yugo que ejercían sobre ellos los empleadores, los peones son devueltos sin paga alguna y pierden “el único ingreso anual fijo que en muchos casos les permite sobrevivir el resto del año”, dijo Ledesma.
En el departamento de Atamisqui, donde viven unas 9 mil personas, más de 2 mil (el 90% de la población en edad activa) trabajan como empleados golondrina de las cerealeras y semilleras. En los 20 días que dura el desflorado de maíz, si se someten a las estrictas normas disciplinarias que imponen las compañías, los peones logran reunir cerca de $2.000 cada uno. Perderlos implica un golpe durísimo para sus ingresos.
«Si en un campo tenían 300 ó 400 trabajadores en situación de hacinamiento, ahora dejan a 80 y tratan de que no se perciba su hiperexplotación», denunció Ledesma, quien reclamó al gobierno provincial que proteja a los miembros de las comunidades y acusó al intendente de Atamisqui, Roberto Brandán, de «trabajar en conjunto con los reclutadores» que proveen de mano de obra barata a las empresas. «Él forma parte del núcleo político Bases Peronistas, que integra el ministro de Gobierno de la provincia y que apoya al gobernador Gerardo Zamora», agregó.
En campos similares a los de Nidera pero administrados por las multinacionales semilleros Monsanto y Pioneer, los encargados también comenzaron a pertrechos de la más elemental supervivencia para disimular las condiciones a las que someten a sus empleados. En un mensaje de texto que remitió a su familia en Santiago, uno de los peones hacinados en una planta en Santa Fe de Monsanto contó que habían llevado «siete freezers y bidones de agua». En la empresa no atendieron los llamados de BAE. A otros campos llegaron baños químicos, que en muchos casos no se utilizaban.
