La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó trabajo ilegal y condiciones laborales infrahumanas en un establecimiento agrícola de Bahía Blanca, perteneciente a la firma “Satus Ager S.A.”, durante un operativo de control de empleo registrado junto al Ministerio de Trabajo bonaerense. El organismo radicó la denuncia ante la Fiscalía Federal N° 1 de esa ciudad, a cargo del Doctor Antonio Horacio Castaño.
*La empresa reclutaba personas humildes en Santiago del Estero y los hacinaba en campos dedicados al desflore de maíz en Bahía Blanca.
*Los responsables de Satus Ager ya tienen otra causa abierta por los mismos delitos.
DETALLES..
En la explotación trabajaban 31 personas durante doce horas diarias en el desflore de maíz y vivían bajo condiciones indignas: sin energía eléctrica, ni agua potable, con baños precarios y durmiendo hacinados en grupos de hasta 18 personas en un mismo trailer de chapa.
Según el testimonio de los mismos empleados, la firma los reclutaba a través de un “cabecilla” en la provincia de Santiago de Estero y los trasladaban masivamente al campo en Bahía Blanca.
Además, los directivos de la empresa Satus Ager S.A. ya tienen una causa abierta en la que próximamente deben declarar como imputados, por estar sospechados de cometer los delitos de “trata de personas” y “reducción a la servidumbre” de peones traídos desde la provincia de Santiago del Estero para el desflore del maíz.
La citación la realizó el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, a directivos e ingenieros de la firma, cuyos campos en Ramallo, San Pedro y Arrecifes fueron allanados en las últimas semanas.
En su pagina web, la compañía se presenta como “la empresa argentina líder en exportación de semillas” de maíz y de soja, y entre sus directivos figuran Félix Manuel Cirio, ex subsecretario de Agricultura de Felipe Solá, Félix Lanusse, Miguel y Juan Zimmermann, Ricardo Javier Cardinale y Martín Jarmoluk.
De este modo, ya suman cinco los casos de trabajo esclavo que descubrió la AFIP en la última semana: dos de la firma Pioneer -controlada por la multinacional DuPont-, uno en Córdoba, con más de 140 trabajadores en condiciones infrahumanas, otro en Salto, provincia de Buenos Aires, y el de una empresa forestal de capitales españoles en Entre Ríos.
