Los trabajadores adhirieron al repudio emitido por la FATRAV. – Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda- a la Resolución 122/17 reafirmando la solicitud de revisión de la norma y los aspectos que vulneran la pluralidad del destino de la vivienda social. La misma excluye a las dos terceras partes de nuestros beneficiarios, para lo cual debería modificarse, ampliando el límite de dos salarios mínimos, vital y móvil de $ 16.120 a $ 32.240.
Frente a las modificaciones legales impulsadas por el gobierno nacional en torno a la política de vivienda, que llevaría al vaciamiento de los organismos provinciales y la limitación de llevar adelante la construcción de nuevas soluciones habitaciones. De hecho, ninguna obra nueva fue aprobada por la actual gestión nacional.
De la reunión con el bloque de diputados y senadores de Cambiemos, los mismos descartaron la intención del Gobierno Nacional de vaciar el IAPV, manifestando que por el contrario se busca la optimización de los recursos del Estado. Ante esto aclararon que están de acuerdo en ser auditados. De hecho, el Estado Nacional ha auditado siempre las cuentas del organismo. “Sin embargo, aún se sostiene el discurso de la corrupción y la ineficiencia del Estado, como argumento para bancarizar el acceso a la vivienda e importar las mismas desde China”, expresaron.
En consecuencia, manifestaron la necesidad de encontrar una salida alternativa que no vulnere los derechos de los vecinos, las entidades intermedias, los empleados de la construcción y las economías regionales, cuyas Pymes no podrán afrontar la competencia desleal.
