Profesionales de la Salud Mental salieron a responder indignados las declaraciones del Gerente Administrativo de la Obra Social de la provincia de Entre Ríos (IOSPER), Arnoldo Schmidt, a las que definen como una mentira. El titular de la obra social del estado entrerriano dijo días atrás que «estos profesionales trabajan bajo la modalidad de reintegro asistencial, es decir no existe un convenio específico».
La modalidad de reintegro se basa en que el afiliado paga al profesional por el servicio que le brindó y luego le entrega a IOSPER el recibo del importe abonado. Pero para estos profesionales de la salud, la modalidad de reintegro que plantean desde el organismo hace que muchas familias de pacientes con estos problemas no puedan solventar los tratamientos, dado que tienen que hacerse cargo de los costos hasta que se los reintegren.
Además señalan que existe una norma -la Ley 22431- que ampara, protege y respalda a las personas con discapacidad y donde se especifica que las Obras Sociales y Prepagas deben cubrir el 100% de las prestaciones.
En el comunicado enviado a DIARIOJUNIO, explican que los Acompañantes Terapéuticos y las familias acuerdan encuadres posibles para darle sentido y existencia a cada dispositivo terapéutico, en un escenario social y una realidad institucional que obliga a ambas partes a ceder en sus derechos.
Denuncian que trabajar en tales condiciones y circunstancias no es sencillo para ninguna de las partes afectadas y que esta situación viene siendo el corolario de una precarización histórica de parte del organismo estatal, que hoy se ve acentuada por la pandemia de coronavirus y por un Sistema de Salud que viene siendo azotado por fuertes ajustes y recortes presupuestarios.
El reclamo también se hace extensivo hacia todas las Obras sociales y prepagas (privados) que “naturalizan esta innegable situación, eligen política y humanamente desconocer y vulnerar el derecho a la salud mental de un gran sector del pueblo que día a día va en crecimiento, con el aumento de desempleo, la crisis económica, la crisis sanitaria y el desamparo estatal.”
Por último exigen que se dejen de vulnerar los derechos de las personas con discapacidad y que desistan con la actitud de atropellar a trabajadores de la salud. Para lo que, las obras sociales y entidades responsables, deberán abonar los reintegros adeudados del 2019 y prestaciones autorizadas del 2020. Y, sobre todo, respetar la Resolución 85/2020 donde se establece la cobertura del 100% de las prestaciones para marzo y abril, mediante comunicado oficial.
