Desde el año pasado los trabajadores de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia vienen planteando una serie de deficiencias en el organismo. Aseguran que, por un lado, afectan las condiciones laborales de los trabajadores y, por el otro, la función del organismo en relación al control de las empresas comerciales, y por consiguiente la protección de los consumidores y sus ingresos.
Mediante asambleas realizadas en conjunto con integrantes de la conducción provincial de ATE, los empleados fueron delineando los pasos a seguir para ir solucionando las dificultades del organismo.
En una asamblea realizada el viernes pasado decidieron movilizarse hasta Casa de Gobierno para plantear sus exigencias. Allí una representación fue recibida por Franco Ferrari, Secretario General de la Gobernación.
En la reunión se planteó la importancia de que se organice la Dirección, para así poder prestar un mejor servicio a todos los consumidores entrerrianos. Además se coincidió en la necesidad de dar trámite a la orgánica y concretar su aprobación mediante el seguimiento del expediente iniciado hace años, con el objeto de regularizar la situación del funcionamiento de los trabajadores dentro del organismo y fortalecer la institucionalidad de la defensa del consumidor en Entre Ríos.
Cabe recordar que a mediados de diciembre pasado, los trabajadores denunciaron la “desarticulación” de Defensa del Consumidor. Entre otros puntos, cuestionaron la inacción del organismo ante el incumplimiento de los precios máximos y señalaron que no se tramitan ni resuelven las denuncias de los consumidores y tampoco se sanciona a las empresas. Además advirtieron sobre el riesgo de prescripción de causas.
Posteriormente, a fines de ese mismo mes, los empleados fueron recibidos por el titular de Defensa del Consumidor, Pablo Luciano, quien firmó un acta acuerdo comprometiéndose a abordar las falencias señaladas por los trabajadores.
