El ministro resaltó que «las políticas económicas y sociales puestas en marcha durante los gobiernos anteriores, siempre generaron un permanente crecimiento del trabajo no registrado», mientras que «en esta década se produjo el primer y más extenso retroceso del trabajo no registrado que haya hecho nuestro país».
Sin embargo, Tomada reconoció que desde 2011 el porcentaje de trabajo informal fluctúa entre el 30 y el 35 por ciento por lo que se busca hacer «una sintonía fina que nos permita volver a tener un descenso destacado».
El funcionario señaló que las medidas empezaron a considerarse la semana pasada en la mesa de diálogo entre el Gobierno, los sindicatos y empresarios, y afirmó que «la necesidad es fortalecer las facultades del Ministerio de Trabajo, de manera de poder tener una mayor homogeneidad territorial». «Hoy tenemos una competencia menguada y necesitamos facultades compartidas, por eso pensamos en una norma que establezca cierta complementariedad y coordinación de acciones entre los ministerios de Trabajo de la Nación y de las provincias», explicó.
Según Tomada, se requiere una norma «que iguale el comportamiento y las responsabilidades de ambas autoridades laborales para llegar más a fondo» en el combate al empleo en negro. El ministro precisó que «hemos construido un mapa que da cuenta de que en algunas provincias y en algunos sectores, hay más trabajo no registrado que en otros lugares y actividades».
Por otra parte, el titular de la cartera de Trabajo adelantó que otra medida será la creación de un registro público que permitirá sancionar a empresas que reiteren incumplimientos en la obligación de anotar a sus trabajadores. «Hicimos mucha inspección, mucha presencia, y luego la cuestión administrativa no ha tenido la misma respuesta», lamentó.
Además, una medida adicional podría estar dirigida a las «microempresas, para facilitar la registración de trabajadores a través de una tarifa única, que haga más fácil, más simple y más barata la registración de los trabajadores».
Por último, Tomada anticipó que «se enviará al Parlamento un proyecto de ley de trabajo a domicilio, para actualizar una norma con la cual se han cometido verdaderos latrocinios, e impedir situaciones cercanas al trabajo esclavo en muchos talleres textiles». Y agregó que se creará «una unidad especializada para detectar las situaciones de tercerización fraudulenta en gran escala, que es una práctica importante en algunos sectores».
