No hay disposiciones tan dañinas para el funcionamiento institucional de la justicia, como la apreciación social de que muchos jueces son dudosos de sus independencias e imparcialidades respecto al poder político. Del mismo modo esta valoración social negativa también afecta a la compostura de los jueces que, día a día, cumplen con sus obligaciones aplicando independientemente la ley.
La falta de independencia de la justicia con respecto al poder de turno tiene dos peligros: el primero ante una injusticia cometida por quienes gobiernan, el ciudadano está en situación de vulnerabilidad. El segundo y más grave aún, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo utilice el aparato judicial para perseguir arbitrariamente a los que no piensan como ellos, o a quienes investigan sus actos corruptos.
El recientemente jubilado juez de Instrucción de Paraná Héctor Toloy, sostuvo que “no está mal, no hay que asustarse de que yo mire la ley desde el punto de vista justicialista, como otros lo hacen desde el radicalismo o desde el conservadurismo”, añadiendo que “en la Justicia entrerriana hay muchísimos más jueces radicales que justicialistas, es fácil hacer números y hacer las cuentas”.
En verdad, Toloy ha reconocido públicamente dos hechos de una gravedad institucional que tienen entidad para dejar perplejo a cualquiera. Por un lado, que existe una visión “justicialista” de la ley y por otro que los partidos políticos son los que han puesto jueces en esta Provincia.
En principio la Constitución determina que los miembros del Superior Tribunal, Fiscal, Defensor de Menores y los Jueces de Primera Instancia, serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura, creado por Decreto Nº 39/03, como órgano asesor del Poder Ejecutivo propone, en forma exclusiva y excluyente, ternas vinculantes para la designación de diversos funcionarios judiciales.
Es decir que no existe sistema legal que admita que los partidos políticos propongan o designen jueces. En esa inteligencia, la afirmación del ex Juez Toloy es absurda por proceder de un abogado que se jubiló como Juez de esta provincia o perversa y cínica por decir tal cosa con ese desparpajo y desprejuicio.
Por otra parte, admitir que existe una visión justicialista de la ley, es como haber dicho que no impartió jamás justicia, por lo menos en los casos en que debió intervenir y el justiciable resultaba ser funcionario o perteneciente al partido justicialista.
No cabe dudas que para Toloy existía un fuero personal especial basado en la afiliación al peronismo o simpatía con el bustismo. Esto de tener una mirada partidaria política de la ley que debe aplicar, en cualquier magistrado, debería ser un agravio a la justicia y, una aceptación clara de la intromisión del poder político en el poder judicial.
Pero si a ello le sumamos que se trató de un Juez de Instrucción de la ciudad de Paraná, a cargo de un Juzgado en donde se instruyeron, o quizá debieron instruirse, causas de supuesta corrupción en la que se encontraban señalados como imputados destacados miembros o funcionarios del gobierno justicialista, que terminaron en la nada, la gravedad se vuelve en un escándalo de tanta proporción que solamente en un pueblo preocupado en poder subsistir, puede pasar desapercibido.
Los dichos del ex Juez Toloy deben “entenderse” como que cumplió su cometido como “simpatizante” del justicialismo en el puesto de juez.
Y a la hora de las interpretaciones, es posible que tanto desparpajo apunte a ganar amigos que lo convoquen a formar parte del gobierno de Busti. O es así, o no tiene, ni ha tenido, capacidad para distinguir el sistema legal, de la práctica sistemática de los partidos políticos que bregan por colocar jueces.
