El titular del principal banco del país recibió a los legisladores de la Comisión Investigadora del caso Vicentín y para comentar las gestiones que vienen realizando. Hecker estuvo acompañado por el director del Banco, Sergio Lozano, y el gerente de Legales de la entidad, Sergio Barzola, quienes hicieron un repaso de las gestiones realizadas con la firma (sobre todo antes de la convocatoria porque luego siguieron el carril judicial) y las decisiones operativas que tomaron, como dejar de financiar y bajarle de categoría, entre otras.
Los legisladores santafesinos, entre los que estuvieron Luis Rubeo, Rubén Giustinianni y Carlos del Frade, quisieron conocer la opinión del banco sobre el plan de los acreedores comerciales para recuperar la empresa y evitar su desguace vía capitalización de acreencias y corrimiento de directivos y accionistas, y se llevaron como respuesta un fuerte apoyo a esa iniciativa.
En una reunión que fue calificada de muy positiva por las partes, legisladores y funcionarios coincidieron en que lo importante es lograr la recuperación de la empresa, el mantenimiento de los empleos y, también, que se conozca fehacientemente adonde fueron los casi 1.600 millones de dólares que no se pagaron a los acreedores.
Y también coincidieron en que no sólo es necesario el desplazamiento de directivos y accionistas, como condición para recuperar la empresa, sino también el apoyo y consenso del Estado nacional y las provincias involucradas.
Finalmente, otro punto saliente del encuentro, que se realizó por la mañana, fue que las partes compartieron el temor creciente de que la empresa termine en la quiebra.
Los diputados fueron los que pusieron la posibilidad sobre la mesa al expresar su visión de que si no hay un fuerte cambio de rumbo se avance derecho a una quiebra. Temor alimentado por la posibilidad de que la propuesta de pago que la empresa vaya a realizar en la convocatoria no sea buena y aceptable. Y ven probable que eso ocurra porque la firma sigue sin presentar un plan que explique de dónde saldrá el dinero para pagar, independientemente de la propuesta de pago que haga. Y la novedad es que, al escuchar el planteo de los diputados, el presidente del banco público compartió esa percepción del serio riesgo de que Vicentín quiebre.
Para Hecker, Vicentín sigue sin realizar avances concretos al recordar que en las conversaciones que tuvieron antes de que se presenten a concurso siempre les prometieron pero nunca le pusieron sobre la mesa un plan realista y ahora que los acreedores comerciales salieron con un plan propio, ellos lo rechazan y siguen sin proponer un plan que continúan prometiendo pero no aparece.
En esas línea, el presidente del Banco Nación comparó la crisis de Vicentín con la de Molinos Cañuelas, empresa que –al entrar en crisis- mostró su interés en seguir operativa al no defaultear a sus proveedores comerciales y concentrar el impago en los bancos. Para Hecker, la decisión de no cortar la cadena de pagos con quienes le suministran la materia prima es la primera expresión de la voluntad de continuar que tienen las empresas en crisis financiera, resaltando que –por el contrario- en Vicentín los proveedores de granos son los más perjudicados porque no sólo les dejaron de pagar sino que les pesificaron las acreencias.
Investigan valuaciones falsas en las pólizas de seguros de Vicentín
Los veedores de la convocatoria de acreedores de Vicentín, Juan José López Forastier y Sergio Juan Arelovic, alertaron al juez Fabián Lorenzini sobre posibles irregularidades en la valuación de las pólizas de seguro de los activos de la empresa que perjudicarían a los acreedores, una cuestión que consideran crucial.
“Los Auditores Forenses nos han hecho saber que el tópico no integra el programa de trabajo que ellos han trazado. Que hemos realizado una evaluación preliminar del tema y concluimos que sería eventualmente lesivo para la marcha del presente proceso concursal y para la continuidad de la empresa desatender dicha cuestión”, advierten en un escrito que presentaron el pasado 10 de marzo.
“El pedido lo es privilegiando la protección patrimonial de activos de la concursada, en la defensa de la totalidad de los puestos de trabajo y velando por la integridad del derecho de los acreedores. Ello sin descartar la existencia de una eventual comisión de delitos penales de acción pública”, señalan.
“Por lo expuesto consideramos imprescindible contar con un auditor especializado en la materia que con urgencia se avoque a la cuestión descripta, con el propósito de garantizar la sanidad del proceso y la recta administración de justicia”.
